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Al rendir su Informe de Actividades 2015 ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dijo que el caso Iguala es un expediente abierto, en donde se requiere que la ciencia guíe la investigación sobre la desaparición de los estudiantes normalistas.
Ante legisladores, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González, afirmó que los problemas que enfrentamos en el ámbito de los derechos humanos, no podemos asumirlos como parte de una “normalidad” sustentada en la ilegalidad, la injusticia, la violencia y la corrupción.
Destacó que si el Caso Iguala nos indigna y moviliza ante la barbarie generada por la colusión entre algunas autoridades y el crimen organizado, lo ocurrido en Tierra Blanca, Veracruz, hace cuestionarnos sobre nuestra capacidad para aprender del pasado y si efectivamente queremos y podemos superar nuestras deficiencias y omisiones.
“Es urgente replantear las políticas públicas en esta materia y revisar el marco normativo aplicable, para que estas conductas puedan ser prevenidas o, en su caso, denunciadas, investigadas y sancionadas debidamente”.
Destacó que hay temas que demandan acciones urgentes y respecto de los cuales aún no hemos dado la respuesta que los hechos nos reclaman, tales como la desaparición forzada y la tortura.
Señaló que, que en el ámbito de la CNDH, durante 2015 se registraron 327 expedientes en los que se reportó la desaparición de 423 personas.
De este conjunto, en 11 casos se advirtieron elementos suficientes para tramitarse como expedientes en los que existiría una presunta desaparición forzada de personas. En cuanto a los lugares en que se señaló la desaparición de personas, Guerrero fue el estado del cual se recibió el mayor número de reportes, seguido de Coahuila, Tamaulipas y Veracruz, expuso.
Indicó que casos como los de Chalchihuapan, Tlatlaya, Iguala, Apatzingan o Tanhuato, han modificado la percepción general e histórica de los derechos humanos en nuestro país, poniendo a prueba a las Instituciones, incluida a la CNDH, la cual ha atendido todos estos casos desde sus primeros momentos y lo continúa haciendo.
Precisó que son casos complejos cuya esclarecimiento exige trascender el nivel de la mera denuncia, para llegar a resoluciones claras, objetivas e integrales que estén sustentadas en elementos concretos que se desprendan de una investigación científica e integral de los hechos.
En relación con el caso Iguala, puntualizó que para la CNDH el “Caso Iguala” es un expediente abierto, cuya investigación realiza en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en la cual, es preciso que en sus aspectos técnicos más complejos y controvertidos, sea la ciencia la que guíe la investigación sobre la desaparición de los estudiantes normalistas.
En materia de quejas, las autoridades que fueron señaladas con mayor recurrencia como presuntamente responsables de una violación a derechos humanos en los escritos de queja fueron: el IMSS, en 2,185 casos; el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación 1,308; la Policía Federal 783; la PGR 761; el ISSSTE 705; el Instituto Nacional de Migración 688; la SEDENA 620; la SEP 548; la SEMAR 373; y la CFE 316.
Las entidades federativas en las que se reportó con mayor frecuencia la comisión de algún hecho presuntamente violatorio a derechos humanos, fueron el Distrito Federal, en 2,350 casos; Estado de México 791; Tamaulipas 613; Veracruz 468; Sonora 442; Chiapas 405; Jalisco 354; Oaxaca 349; Nayarit 302; y Michoacán 299.
Las presuntas violaciones a derechos humanos que se denunciaron con mayor frecuencia durante el 2015, dijo el Presidente de la CNDH, fueron prestación indebida del servicio público, en 3152 casos; faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, 1871; omitir proporcionar atención médica 1697; detención arbitraria 879; trato cruel, inhumano o degradante 663.
Acciones u omisiones que transgreden los derechos de los migrantes 602; negligencia médica 490; omitir fundar el acto de autoridad 481; omitir motivar el acto de autoridad 452; y prestar indebidamente el servicio de educación 431.
A los legisladores, el Ombudsman les dijo que "es necesario que tomemos en serio los derechos humanos, que comprendamos que los mismos son el elemento básico para sustentar los cambios que como país demandamos, para lograr un México más justo e incluyente, con un verdadero Estado de Derechos y una institucionalidad fuerte, en donde la corrupción y la impunidad no tienen cabida y todas las personas cuentan con un entorno que les proporciona las condiciones necesarias para su desarrollo pleno”.
González Pérez habló en el salón “Legisladores de la República” del Palacio Legislativo, ante José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión; de la senadora Ivonne Liliana Álvarez y del senador Fernando Yunes Márquez, vicepresidentes, así como de las diputadas Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa y Aracely Saucedo Retes, y diputado Carlos Gerardo Hermosillo, secretarios, quienes estuvieron en el presídium.
afcl
