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Felipe Reyes Álvarez (PRD), secretario de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, urgió a reformar diversas disposiciones de la Ley en la materia, a fin de prevenir la violación de los derechos humanos de los migrantes por parte de los cuerpos policiacos a nivel federal, estatal o municipal, y por personal del Instituto Nacional de Migración (INM).
Detalló que al año ingresan al país 150 mil personas de forma ilegal a través de la frontera sur; el Colegio de la Frontera Norte (Colef) estima que cruzan hacia Estados Unidos alrededor de 350 mil mexicanos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó que 67.4% de los ilícitos cometidos contra migrantes sucedieron en Veracruz, Tabasco y Chiapas, mientras que 29.2% ocurrieron en la zona norte y 2.2% en el centro del país, “datos alarmantes que evidencian la vejación de las garantías de este grupo de personas”.
Subrayó que el INM ha documentado diversas denuncias por actos de corrupción y delitos, destacan secuestros, extorsiones, trata, violaciones, homicidios y robo de órganos.
El director jurídico del INM, Antonio Musi Leyva, reconoció que personal de la dependencia se ha involucrado con redes del tráfico de personas y colaborado con el crimen organizado, e informó que se despidió a 500 servidores públicos que no pasaron los controles de confianza.
“Esta situación prácticamente ha transformado al Instituto Nacional de Migración en un verdadero negocio que se mantiene en la impunidad”, consideró el diputado.
Resaltó que para el país, la seguridad y protección de los migrantes es un problema real no resuelto por las autoridades mexicanas, a pesar de los diferentes esfuerzos realizados por distintos sectores y organizaciones.
En muchos casos, dijo, “son las mismas autoridades de todos los niveles quienes violan los derechos humanos, lo que provoca una crisis”.
Reyes Álvarez recordó que los migrantes son víctimas no sólo del crimen organizado, también de funcionarios del INM, de policías de cualquier orden de gobierno e, inclusive, de miembros de las Fuerzas Armadas, por lo que se debe legislar para sancionar a los servidores públicos que atenten contra esa población.
Precisó que las reformas a la Ley de Migración buscan prohibir expresamente que ningún elemento de las Fuerzas Armadas, de corporaciones policiacas o de seguridad pública federales, estatales o municipales podrá detener a las personas para comprobar su situación migratoria o por tener una estancia irregular en el país.
Plantea que la protección y defensa de los derechos e intereses de los migrantes, nacionales y extranjeros, estará a cargo de la Procuraduría Federal de la Defensa de los Migrantes, que se crearía como un organismo público descentralizado, y prestaría, gratuitamente, los servicios de asesoría y representación legal para que esta población tenga acceso a la justicia ante el INM y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
También tendrá facultades para realizar visitas de inspección a las estaciones migratorias, con el objetivo de verificar que se respeten los derechos humanos de los que estén ahí alojados temporalmente.
Además se propone crear una Visa de Tránsito, por 90 días, que beneficie a los migrantes centroamericanos, ya que constituyen un elevado número de indocumentados que anualmente ingresan a México.
