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El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano (PRD), declaró listo al Poder Legislativo para iniciar el debate sobre el uso de la marihuana.
Dijo que éste ayudará a la elaboración de una política integral de drogas, que “no tiene el Estado mexicano”.
“No vamos a esperar a que el Ejecutivo nos diga: ‘Aquí están mis conclusiones, ahora ustedes simplemente legalícenlas con una iniciativa que les he enviado’, porque tenemos el camino avanzado con legisladores en ambas cámaras que han presentado iniciativas que deberán ser discutidas y dictaminadas. Tenemos que legislar con el mayor consenso posible considerando las propuestas de todos los sectores involucrados”, dijo.
Tras sostener que se trata de un tema de interés global, anunció las fechas y horarios de las audiencias públicas y la segunda reunión del “consejo técnico para las alternativas de regulación de la marihuana”, que se realizarán de manera alterna en las sedes de las cámaras de diputados y de senadores del 25 de enero al 17 de febrero de 2016.
Zambrano se dijo convencido de que una parte importante de la violencia y de la sobrepoblación penitenciaria que hay en el país, se va a resolver a partir de concluir un proceso que permita utilizar la marihuana con fines médicos y recreativos.
“Tampoco este es un llamado a que todo mundo se ponga a fumar marihuana solamente porque ya quedó permitida legalmente”, aclaró. “Es mi convicción que esto ayudará a ver el asunto en términos de salud pública, de reducir los niveles de violencia, y que los jóvenes especialmente, no vayan a la cárcel por portar determinado gramaje de marihuana”.
Precisó que —de acuerdo con la agenda de trabajo coordinada entre ambas cámaras— se abordarán temas que van desde los derechos humanos y la regulación en el contexto internacional, hasta los ámbitos medicinal y terapéutico, la sobrepoblación penitenciaria, la salud de los consumidores, seguridad pública, fiscalización y mercado negro. El legislador dijo que se tratarán asuntos de seguridad nacional, los retos que implica para el Estado regular el uso, los impactos presupuestarios y la creación de bases de datos y definición de objetivos, metas, intervenciones e impactos que permitan una evaluación constante para medir la efectividad de las políticas públicas, entre otros.
Detalló que esto es en seguimiento al acuerdo establecido el 30 de noviembre por el Senado, para abordar desde el Legislativo los distintos puntos de vista —social, científico, cultural, y político— del tema del tráfico de estupefacientes, sus impactos sobre la seguridad nacional, la violencia, y su eventual despenalización.
Aseveró que estas acciones son obligadas tras el amparo que el pasado 4 de noviembre, concedió la Corte a cuatro personas que demandaron su derecho al consumo con fines recreativos.