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La Secretaría de Economía (SE) informó que la Profeco tiene 23 expedientes por procedimientos, por infracción a la Ley Federal de Protección al Consumidor en contra de Volkswagen, y se han emitido 13 resoluciones administrativas con multas como sanción económica.
En un documento, la dependencia que encabeza Ildefonso Guajardo mencionó que del 1 de enero de 2010 al 30 de septiembre de 2015, se han presentado 805 quejas contra la empresa, derivadas por reclamaciones de defectos de fabricación, negativa a hacer efectiva la garantía y diferencia en la reparación.
En el documento, la Profeco tiene como atribución procurar la solución de diferencias entre consumidores y proveedores, sustanciando el proceso conciliatorio, en el cual se programan audiencias a las que acuden las partes ante un conciliador de la procuraduría, con el fin de encontrar la mejor solución a la queja presentada.
La dependencia puso a disposición de todos los consumidores que hayan sido afectados por incumplimientos de proveedores, una plataforma de solución de controversias denominada Concilianet, en la cual se pueden presentar reclamaciones o quejas, vía internet, si el proveedor en cuestión se encuentra registrado. Esto permite que el trámite sea más ágil y rápido para el ciudadano.
Esa es la respuesta que la SE dio a un acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, el pasado 21 de octubre, donde se le solicitó evaluar el daño ambiental, así como la afectación a los consumidores por la manipulación de modelos con motor a diésel y se apliquen las sanciones correspondientes a la empresa Volkswagen.
Manipulación de motores. Los legisladores expusieron que la empresa automotriz reconoció haber manipulado modelos con motor a diésel para que registraran menos emisiones contaminantes, y en México se vendieron 39 mil unidades con este tipo de motor.
Mencionaron que aunque la cantidad de autos de esa firma alemana represente apenas el 0.04% de los 11 millones de vehículos que la compañía reconoció haber instalado software para burlar los límites máximos de gases contaminantes, y que las autoridades mexicanas han pedido a la empresa responsabilizarse de lo ocurrido, “es urgente evaluar los daños ambientales, así como la afectación a los consumidores que adquirieron a un costo elevado este tipo de autos”.
