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De acuerdo con datos de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, entre los años 2000 y 2014, 103 periodistas fueron asesinados en México y 25 más están desaparecidos.
Tan sólo entre 2010 y junio de 2015 hubo 46 asesinatos, y pese a esos datos, dicha fiscalía —desde su creación en 2010— sólo ha atraído la investigación de 13% de los crímenes contra periodistas; es decir, únicamente ha investigado seis casos: cuatro ocurridos en Veracruz, uno en Chihuahua y otro en Sinaloa.
Lo anterior se detalla en un documento que presentó el diputado Omar Ortega Álvarez, quien solicitó conmemorar el 2 de noviembre como el “Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas”.
En el texto argumenta que esta fecha resulta importante para recordarle al Estado mexicano su obligación de implementar medidas contundentes que hagan frente a la actual cultura de impunidad en los crímenes que se comenten contra comunicadores.
El legislador comentó que esta fecha debe acompañarse de compromisos, acciones y políticas verdaderamente comprometidas con salvaguardar la vida e integridad de las personas que ejercen el periodismo.
Recordó que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó —el 18 de diciembre de 2013— su primera resolución relativa a la seguridad de los periodistas y a la cuestión de la impunidad, y condenó todo tipo de ataques contra el gremio.
El 2 de noviembre fue elegido en conmemoración de los asesinatos de Ghislaine Dupont y Claude Verlon, periodistas de Radio France Internationale, perpetrados en Kidal, situada en el norte de la República de Mali.
Herramienta contra corrupción. La tarea periodística y la información que se hace pública a través de ella pueden resultar una herramienta por demás útil para el combate contra los actos de corrupción, la delincuencia organizada y la impunidad que prevalecen en México, dijo el legislador.
Destacó que por esa razón las y los periodistas honestos y comprometidos, cotidianamente se enfrentan al riesgo de ser acallados mediante tácticas que van desde la intimidación y la desaparición, hasta el asesinato, siendo tarea de todos coadyuvar a su protección y al combate a la impunidad que rodea las agresiones contra los informadores.
Ortega Álvarez comentó que el Estado mexicano tiene la obligación de promover, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, de asegurar la libertad de expresión e información de su gente, así como de respetar la vida y la integridad de los comunicadores. “Matar al mensajero que porta las noticias de corrupción e injusticias no acallará los reclamos ciudadanos contra la impunidad y la desigualdad”, dijo.
Pidió a las autoridades encargadas de la impartición de justicia trabajar contra la impunidad latente en este tipo de crímenes, para que en México la justicia sea un verdadero principio rector del accionar cotidiano.
“En el Poder Legislativo trabajaremos para que las diferentes normas e instrumentos destinados a la protección y atención de quienes ejercen el periodismo se vean fortalecidas y su plena implementación sea asegurada. No más impunidad”, expresó.