Más Información
politica@eluniversal.com.mx
Armando Santacruz González, integrante de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (SMART), comentó que la organización está dispuesta a establecer contacto y a asesorar a todas aquellas personas que busquen un amparo para que, como en su caso, se les permita el uso lúdico de la marihuana.
Es uno de los cuatro ciudadanos que promovió el fallo histórico que emitió el miércoles pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a quienes la Secretaría de Salud federal (Ssa) deberá otorgar los permisos correspondientes para que puedan comenzar las actividades relacionadas con el autoconsumo, es decir, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar el enervante.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Santacruz González estimó que una ola de amparos mal presentados podría ser adverso, pues para sentar jurisprudencia se requieren cinco fallos consecutivos en el mismo sentido y emitidos por la misma autoridad, es decir, la Primera Sala de la Suprema Corte.
“Se tiene que hacer en forma inteligente, porque si se hace en forma descuidada, te tiran [el amparo] a las primeras de cambio. Tiene que ser algo con una estratega planeada, inteligente, que se sustente perfectamente bien. Nosotros tuvimos la suerte de contar con los mejores abogados que hicieron un trabajo conceptual fantástico”, explicó el integrante de SMART.
Santacruz González anunció que una vez que la Corte envíe el engrose de su resolución a la Secretaría de Salud, acudirán a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a fin de tramitar el permiso correspondiente.
“Lo que menos nos preocupa es cómo se va a aterrizar, porque hay mucha experiencia de varios países donde ya funcionan. Si no nos queremos poner muy creativos, simplemente las podemos copiar. Uruguay tiene una metodología precisa de cuántas plantas o cómo se consiguen las semillas. El caso de España es más laxo, pero también tiene una metodología de los clubes canábicos. Entonces, no tendríamos que ir a un territorio inexplorado”, expuso.
Reformar la ley. En todo caso, señaló que lo más importante es que el Congreso enfrente esta nueva realidad y, de entrada, modifique los artículos de la Ley General de Salud que el máximo tribunal del país consideró como “parcialmente inconstitucionales”, ya que violan las garantías individuales y los derecho humanos.
Santacruz González agregó que hay un buen número de iniciativas pendientes de dictamen que se podrían retomar, además de las nuevas que se presentarán a la luz del fallo de la Suprema Corte. “Nosotros hemos trabajado muy de cerca con los legisladores y retomaremos estos esfuerzos para fortalecer la discusión y los argumentos”.
El también director del Grupo Pochteca —una firma dedicada a la industria química— detalló que todos estos esfuerzos deben derivar en el establecimiento de una nueva política pública, donde el gobierno regule las drogas “en lugar de que las deje al garete”.
Armando Santacruz señaló: “Lo que nosotros queremos es reducir el enorme daño de la política prohibicionista de la guerra contra las drogas, que es mucho más costosa que el uso de las propias. México no ha padecido la violencia de las drogas, sino de una errónea política antidrogas”.
