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El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) propuso a la Procuraduría General de la República (PGR) 10 líneas de investigación para la nueva etapa de pesquisas que inicia en el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero; una de ellas está centrada en el posible traslado de estupefacientes en el quinto autobús y nuevos cateos a sitios a los que pudieron haber llevado a los estudiantes.
Los integrantes del GIEI, Ángela Buitrago, Francisco Cox, Carlos Beristáin y Alejandro Valencia informaron, en conferencia de prensa, que en esta segunda fase de investigaciones valorarán si es necesario interrogar a los militares del 27 Batallón de Infantería en Iguala.
“El GIEI propone realizar nuevos cateos y evaluar diversos lugares con base en la información proporcionada, en la que se consideran trayectos y lugares a los que pudieron ser conducidos los normalistas”, mencionaron los especialistas convocados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Explicaron que en este nuevo rumbo que tomarán las investigaciones —en el que el GIEI será coadyuvante del Ministerio Público—, analizarán la ampliación de las declaraciones de los militares y de eso dependerá si se sigue con la determinación de entrevistar a los soldados del 27 Batallón de Infantería.
Ante las declaraciones de algunos servidores públicos que han señalado que no están de acuerdo con que el GIEI interrogue a los soldados, Francisco Cox enfatizó que no puede ser que se les prive de información para la búsqueda de la verdad.
“Lo que hacemos es analizar las declaraciones, vamos a evaluar si sigue siendo necesario o no tomarles la declaración, si consideramos que es necesario vamos a insistir, porque tenemos que determinar qué y cómo ocurrieron los hechos, no puede ser que al interior del Estado exista una contradicción de que una fuente de información se nos prive para encontrar la verdad”, enfatizó.
En busca de nuevas pistas. Ahora que el expediente se encuentra en la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, el GIEI propuso 10 líneas de investigación, como evaluar la información que se tenga de los teléfonos, de los normalistas y de los detenidos por estos hechos.
Buitrago señaló que también pidieron que se realicen nuevas diligencias, peritajes y toma de declaraciones de los arrestados; evaluación de evidencias científicas; investigar el manejo y control del C4; que se recabe el testimonio a otros policías municipales; agregar al expediente los informes de inteligencia que existen y ampliar la investigación financiera de los inculpados.
Un punto que destacó la experta es que se revisen las denuncias recibidas de los detenidos por presuntos actos de tortura, siguiendo los estándares internacionales mediante el Protocolo de Estambul; en ese sentido expresó su preocupación de que “en caso de que se verifique la existencia de tortura, eso lleva a la anulación de las pruebas obtenidas”.
Consideraron que no es necesario realizar un nuevo estudio en el basurero de Cocula como lo plantea la PGR para evaluar la dinámica del fuego, ya que el estudio de José Torero muestra que no es posible que hayan sido quemados en ese lugar.
“Sin embargo, dado que la PGR ha decidido realizarlo, los criterios señalados por el GIEI para ello son que los expertos seleccionados tengan el mayor nivel científico y experiencia internacional en investigaciones complejas sobre la dinámica de fuego, grandes explosiones o casos de alto impacto”, dijo Buitrago.
Solicitaron a las autoridades que toda la información nueva que se obtenga, se le proporcione primero a los familiares de las víctimas antes de darla a conocer a los medios de comunicación.
Sobre la muerte del normalista Julio César Mondragón, los expertos indicaron que la segunda autopsia que se realice podrá proporcionar nuevos elementos sobre la causa de la muerte del estudiante, quien fue desollado el 26 de septiembre de 2014, mientras a sus compañeros se los llevaron agentes de Cocula.
