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Dos abogados, una activista social y un contador —que no son consumidores de marihuana y, a su decir, no pretenden serlo— han marcado un hito, toda vez que la Suprema Corte de Justicia les concedió un amparo que avala el autoconsumo recreativo de la droga, pero en ningún caso su comercialización. Los cuatro integran la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (SMART).
En sesión histórica, la Primera Sala resolvió —con cuatro votos en favor y uno en contra— aprobar el consumo de marihuana, al declarar inconstitucionales cinco artículos de la Ley General de Salud que prohíben a la Secretaría de Salud autorizar actos relacionados con el consumo personal de esta droga con fines recreativos.
Josefina Ricaño de Nava, una de las promotoras del amparo, es presidenta de México Unido contra la Delincuencia, tiene 63 años, es madre de familia y abuela, y celebra lo ocurrido, pues lo considera un parteaguas frente a la defensa de los derechos humanos.
“La prohibición en el uso de cannabis sólo ha traído destrucción, muerte, violencia e injusticia; basta ver cómo un muchacho por portar una pequeña cantidad de marihuana acaba por entrar a la cárcel y ahí se corrompe. Lo que hace falta es una verdadera campaña de prevención contra el uso de drogas, y no la hay. Que quede claro: no somos promotores de la marihuana, no voy a sembrar, no voy a consumirla, no queremos que los niños consuman drogas; pero un adulto debe decidir y que sean respetados sus derechos”, dice.
Para Armando Santacruz, otro de los amparados, el interés no está centrado en su consumo personal, sino en comenzar a abrir el marco jurídico, de cara a una política de drogas más racional.
“Hay un antes y un después de lo ocurrido al concedernos el amparo a los cuatro miembros de SMART, que somos también miembros de México Unido Contra la Delincuencia; esto abre las puertas para que otras personas puedan acogerse al criterio y también obliga a que el Poder Legislativo aborde el problema. La idea es crear un precedente para lo que sigue, abrir las puertas para que miles de personas se acojan a este mismo principio, y para obligar a que el Poder Legislativo aborde el problema y la política de drogas de una manera más racional. Yo no soy un consumidor habitual, tampoco una persona que no la ha probado alguna vez, soy padre de familia y mis hábitos no van a cambiar a partir de este fallo; algunos de mis colegas del grupo no la han probado… pero también creo que con su consumo ni violas abuelitas ni te vuelves caníbal, hay una satanización brutal frente a la marihuana”.
Por un Estado liberal. Pablo Girault, egresado del ITAM en Contaduría y vocal propietario de la Fundación Rafael Dondé, refiere a su vez que “si bien yo soy uno de los cuatro que tienen permiso para el consumo, yo lo hice por mis convicciones como mexicano y por un país mejor, pero no tengo ganas, ni deseos, ni voy a consumir cannabis. El punto era reafirmar el Estado liberal y que le entremos al tema de la droga en un sentido de salud y no penal.
“Nos sentimos muy positivos de que los cuatro ministros avalaron los derechos de las personas y su autodeterminación y libre decisión frente al consumo; esto es solamente el principio, ahora falta que el Congreso le entre en serio para hacer una ley que regule el consumo correctamente”.
Para Francisco Torres Landa, abogado, el reto fue elaborar un litigio estratégico que permitiera ganar el amparo —negado en 2013 por la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios—. Para él, prohibir el uso de drogas constituye un despropósito enorme.
“Lo que hicimos fue diseñar una estrategia —somos aliados en litigio estratégico— para propiciar que este tema fuera discutido a nivel del Poder Judicial a través de un procedimiento que analizara los pros y contras de esta política y ver dónde estaban o quedaban los derechos de los individuos para consumir marihuana. La libertad de elección es un derecho fundamental.
“Nuestra propuesta no es que la droga se venda como caramelos en el supermercado; estamos proponiendo que se informe de los riesgos y que sea el ciudadano quien decida, vía educación, vía campañas de prevención, vía información puntual a la ciudadanía (...) La política prohibicionista no ha generado ni un solo bien, sino muchos males, incluyendo más de 100 mil muertos, 70 mil desaparecidos, 270 mil desplazados. Esta prohibición ha generado negocios multimillonarios a bandas delicuenciales, que han hecho de esto una forma de retar al Estado, corromper a las instituciones, y los ciudadanos continuamos viendo violencia (...) El tema de fondo no es si podemos fumar marihuana o no. Le puedo asegurar que no lo voy a hacer, no voy a consumir, pero no quiero que me lo diga el Estado, sino yo decidirlo ”, afirma.
