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A un mes de que se firmaran los acuerdos para corregir las investigaciones del caso Ayotzinapa, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha cumplido su compromiso de entregar a las familias de las víctimas todos los nombres y perfiles de los servidores públicos que conforman la Unidad Especializada para la Investigación del Caso Iguala, denunciaron madres de los 43 estudiantes normalistas.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Metodia Carrillo Lino y María Elena Guerrero Vázquez, madres de los normalistas Luis Ángel Abarca Carrillo y Giovanni Galindes Guerrero, desaparecidos desde hace 14 meses, explicaron que derivado de que la PGR no les ha presentado a los agentes, peritos y ministerios públicos que van a participar en la investigación, se están retrasando las indagatorias del caso y la aplicación del plan de trabajo que propuso el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Guerrero Vázquez agregó que la decisión de los padres y madres de instalar un plantón permanente frente a Los Pinos, también es para exigir que se reanude la búsqueda de los 43 normalistas, los cuales están secuestrados y desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014, crimen cometido con la complicidad de policías municipales de Iguala y Cocula, aseguran. “Nosotros queremos que nos presente a todo su equipo, cuando menos a los que ya tenga. Nuestra exigencia es de que se comience a trabajar y que se comience la búsqueda, que se atiendan las recomendaciones de los expertos de la CIDH y que se respete nuestra participación directa en la investigación, porque las primera búsquedas que se realizaron de los muchachos, fueron pura farsa”, denunció María Elena Guerrero.
El vocero de los padres de los 43 normalistas, Felipe de la Cruz, dijo que se exige una cita con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y con la procuradora Arely Gómez González, ya que sus subalternos siempre dicen que no cuentan con capacidad de decisión.
“Ya pasó más un mes que se firmaron los acuerdos entre los padres y la PGR en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero lo cierto es que la investigación sigue frenada, y mientras, se van consumiendo los seis meses de plazo que se le autorizaron al GIEI para concluir las investigaciones del caso, por eso no nos vamos a mover hasta que nos atiendan y hasta que se reanuden las investigaciones, ya sólo faltan cinco meses”, sentenció.
Tanto Metodia Carrillo como Felipe de la Cruz lamentaron que el gobierno mexicano prefiera destinar más recursos a vigilar las movilizaciones pacíficas que llevan a cabo los padres y madres de los normalistas, que a su localización. Por último, uno de los abogados de los padres y madres de los normalistas, Isidoro Vicario, explicó que luego de tres reuniones con el presidente Enrique Peña Nieto, las familias afectadas no han logrado que se cumplan las promesas de las autoridades.
