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Mucha tinta se ha derramado desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fallara sobre el consumo de cannabis en México, en la controversia planteada por SMART, organización civil mexicana.
Como pocas decisiones de la SCJN, ésta ha significado un sismo para la vida y la opinión públicas del país. Apenas conocido el fallo, una legión de voces públicas, de todos los ámbitos, han expresado sus opiniones y posiciones sobre una determinación que, en el fondo, no hace otra cosa más que establecer los límites del Estado frente a la autonomía personal en relación al consumo de cannabis, al tiempo que señala como inconstitucionales diversos artículos de la Ley General de Salud, específicamente, los relativos a los actos consustanciales al consumo como son la posesión, el cultivo, el transporte, etc.
Pero entre todo el ruido público que esta decisión ha producido, sorprende especialmente la reacción de la clase política mexicana —gobierno federal, funcionarios, gobernadores y legisladores— ante el fallo de la Corte. Y sorprende, porque a pesar de la existencia constatada de un largo debate nacional e internacional sobre el asunto, pareciera ser que nunca hubieran oído hablar del mismo.
Así, el fallo emitido por el máximo tribunal judicial del país ha suscitado una serie de reacciones más cercanas a la emotividad —por no decir a los prejuicios—, que al sentido político republicano que todos los poderes legítimos de la nación están obligados a observar.
El gobierno federal, por ejemplo, ha insistido en que el fallo “no legaliza la marihuana” y que sólo tiene efecto para cuatro personas, ambas verdades a medias: no la “legaliza”, pero obliga a la autoridad a no criminalizar a los usuarios, que es la única política que hasta el momento se ha implementado en el país; mientras que obvian decir que los derechos, una vez reconocidos, son para todos, a pesar de que por cuestiones de procedimiento se requieran cuatro amparos más para hacer del fallo una política de observancia general. Asimismo, el gobierno federal ha propuesto una serie de foros de discusión, cuyo fin concreto no se ha mencionado en ningún momento. Mal hace el gobierno en abordar este asunto desde tal perspectiva. En primer lugar, la decisión de la Corte fue tajante en cuanto al reconocimiento de un derecho largamente vulnerado en México —el de la autonomía personal—, por lo que una reacción menos torpe pudo haber sido adoptar una posición en la que el gobierno mexicano se diera por enterado de esta nueva disposición —incluso debería obviar la necesidad de crear jurisprudencia y reconocerlo plenamente de una vez- y se aprestara a garantizarlo bajo lineamientos de protección a la salud y la seguridad públicas. Lamentablemente, nada de esto ocurrió, y para agravar más la situación, la única vía de escape que se le ocurrió al gobierno federal fue la de organizar foros, o lo que es lo mismo, intentar dilatar lo más posible la toma de cualquier decisión.
Más preocupante aún resultaron los comentarios del doctor Mondragón y Kalb, director de la Conadic —la encargada de implementar las políticas de drogas en el país—, quien afirmó en distintas ocasiones, que él no quiere “un país de marihuanos” al tiempo que insistió en declarar que el sistema de salud del país no podría atender la avalancha de adictos que supone van a surgir por el mero hecho de no criminalizar al uso de la cannabis entre adultos que no afecten a terceros. Parece obviar, el director de esta institución, que la prohibición y la criminalización de los usuarios nunca ha detenido al consumo, que la marihuana está, para todo efecto práctico, al alcance de cualquiera, y que el estigma sobre los usuarios que él mismo contribuye a fortalecer con su lenguaje los aleja tajantemente de las instituciones que podrían ayudarlos y protegerlos, como se supone es la misión de la que él mismo dirige. De esta forma, el doctor Mondragón no sólo revela una actitud discriminatoria hacia los usuarios, sino que también se exhibe en cuanto a la histórica ausencia del Estado para garantizar el derecho a la salud, en modalidad de tratamiento para el consumo problemático de drogas en el país sean estas legales o ilegales y en las cuales el alcohol es, sin duda “el elefante en la habitación”.
Los legisladores, por su parte, han reaccionado de forma igualmente dudosa. Después de años de ignorar y despreciar el debate sobre la cannabis, repentinamente el PRD se lanzó a conseguir más amparos para formar la jurisprudencia que se necesita para hacer de este derecho ahora reconocido, una realidad para todos. Oportunismo político, sin duda, pero al menos en la dirección correcta. El PRI, por su parte, presentó una iniciativa para regular el “cannabis medicinal” ¡importándolo! (es decir: que nada suceda aquí por nosotros mismos, copiemos un modelo que nada tiene que ver con nuestro país) mientras que el PAN no ha podido fijar su posición, a pesar de que muchos de sus legisladores se han pronunciado “en contra de legalizar la marihuana”… cuando como representantes del Legislativo ahora están obligados a examinar el asunto tomando en cuenta los criterios de la Corte. A todos ellos habría que recordarles: su obligación es legislar conforme a los nuevos criterios, no evadirlos argumentando posiciones morales.
Interesante resulta constatar, de esta manera, el hecho de que la decisión de la Corte deviene de un proceso comenzado por la sociedad civil, mismo que abiertamente saltó a las autoridades y los representantes populares dada la larga cadena de omisiones y desprecio que ambas instancias han tenido con respecto al tema de las drogas desde hace años. Ahora podrán gritar mucho, e intentarán recuperar el protagonismo que sienten les fue sustraído por una decisión “de unas pocas personas”. Para su mala fortuna, sin embargo, encontrarán que serán los ciudadanos los que, independientemente de los múltiples foros y medidas legislativas de emergencia, empezaremos a ejercer nuestros derechos, sin importar sus posiciones “a favor" o “en contra”. Entonces, tal vez, logren ponerse de acuerdo para tomar en cuenta, por primera vez, la opinión de los que queremos cultivar nuestras propias plantas para no recurrir al mercado negro y para no ser criminalizados por ejercer nuestros derechos: los derechos de los usuarios.
Integrante del Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas
