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pierre.rene@eluniversal.com.mx
A México le falta una reforma del sistema judicial para garantizar la seguridad de todos, porque es el deber fundamental de las autoridades asegurar la integridad física de los ciudadanos y al vulnerarse este elemento se afecta el desempeño de todos los demás rubros, incluyendo la educación, señaló la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
En entrevista con EL UNIVERSAL, Gabriela Ramos, consejera especial del secretario general de la OCDE, afirmó que la reforma educativa debería empezar a tener efecto sobre la calidad de la educación en el país dentro de cinco años, aunque comentó que en España y Polonia, que estaban por detrás del promedio de la OCDE, pudieron dar la vuelta a sus resultados educativos en menos de una década.
“Con una muy buena implementación de esta reforma, México tiene que empezar a ver sus resultados en corto tiempo, es decir, en cinco o 10 años deberíamos comenzar a ver los resultados”, vaticinó.
Señaló que la seguridad es un tema muy importante en el desarrollo de México, por lo que se requiere realizar esta reforma pendiente. “Después del impresionante arsenal de reformas que México se ha dotado desde que entró el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, nos falta la reforma del sistema judicial, el tema de la justicia y de la seguridad, porque además es donde operamos y es lo que informa cómo opera la sociedad. En la medida en que no se tenga seguridad no se consiguen otros elementos”, dijo.
La también directora del Gabinete OCDE afirmó que México ha tenido muchos avances en su sistema educativo, aunque todavía tiene importantes retos que enfrentar para mejorar la calidad de la educación.
“Las disparidades educativas que existen en las diferentes regiones son muy contrastantes. Las capacidades de las administraciones públicas de los diferentes niveles de gobierno también son muy dispares. Hay muchos retos, pero esta visión que se estableció es muy sólida y tenemos que seguir construyéndola”, dijo.
Consideró que la decisión del gobierno de sancionar a los maestros que no se evalúen fue buena, ya que les envía a los docentes un mensaje de lo que se permite y lo que no, además de que se busca impulsar en el país una cultura del mérito a través de la evaluación de desempeño.
“No veo por qué no se ejerza el derecho de sanción cuando un individuo no está cumpliendo con lo que se comprometió a hacer. Es una medida fundamental de un criterio de desempeño moderno y efectivo. Es la parte menos amable, pero es una parte muy necesaria. Si estás en una empresa y no vas tres días, por supuesto que no vas a recibir ninguna remuneración”, explicó.
Agregó que esta medida demuestra la magnitud del reto del gobierno de imponer sanciones a los maestros, que debería haber sido un criterio de larga data. Estas sanciones, comentó, permitirá también una mayor transparencia para mejorar el gasto en la educación del país.
