Como es de muchos sabido, el 4 de noviembre de 2015 la SCJN dictó una resolución histórica por la que reconoció que en tratándose de consumo de marihuana la política prohibicionista tiene serios vicios de constitucionalidad. A partir de ese momento se ha generado una discusión intensa respecto a los alcances de dicha resolución, en particular sobre si se traduce en un esquema que permita un uso generalizado e ilimitado de la droga referida. Nada más alejado de la realidad.
El litigio, que inició con la creación de SMART y la comparecencia de cuatro de sus miembros fundadores, tuvo por objetivo claro generar un debate jurídico respecto a la sustentabilidad de la política prohibicionista a la luz de los derechos humanos fundamentales (autodeterminación y libre desarrollo de la personalidad) de quienes acudimos a la vía jurisdiccional federal inconformándonos contra la resolución denegando nuestra solicitud de autocultivo y autoconsumo ante Cofepris.
El fin trazado se ha satisfecho, e incluso más, puesto que la resolución de la SCJN reconoció que los derechos humanos de los quejosos están por encima de disposiciones limitativas de la Ley General de Salud, que son desproporcionales al pretender limitar una decisión que en todo caso le corresponde a los ciudadanos de este país, y en la especie a las cuatro personas físicas que comparecimos en el expediente.
Lo rico de este debate es que al haberse ya minado el sustento constitucional de la política prohibicionista se puede entonces finalmente reflexionar sobre si la misma ha generado un solo efecto positivo o que justifique su existencia. La evidencia de los daños directos y colaterales es tan abundante que ahora además conociendo sus vicios de constitucionalidad, la misma debería desaparecer con rapidez.
Reviste enorme importancia en este terreno el enfatizar que la nueva estrategia reguladora (mal denominada de legalización) ni supone ni propone el generar libre disponibilidad de mariguana u otras drogas. Para nada. El objetivo primario es regresarle al Estado lo que nunca debió dejar en mano de los delincuentes, el control de un mercado tan delicado como el de estupefacientes, para que ahora bajo la óptica de salud y la ciencia médica se puedan determinar las reglas óptimas en que se pueda en dado caso permitir cierto tipo de consumos no problemáticos, con las restricciones aplicables en materia de terceros, menores de edad, horarios, lugares, calidades, cantidades, etc. Se trata entonces de enfocar el tema como lo debió ser siempre, como un problema de salud y no uno de seguridad pública.
Los que estamos convencidos de la necesidad del cambio somos padres de familia. Es justamente en esa capacidad en que queremos que la apuesta sea el que las autoridades sanitarias cumplan la función para la que fueron diseñadas que es velar por los mejores intereses de la comunidad en general y en particular los menores de edad, en temas de salud, y arrebatar de una vez por todas las actividades que como negocio han venido realizando las bandas delincuenciales.
Abramos todos los ojos al hecho de que buena parte del desastre que tenemos en seguridad, justicia y legalidad se lo debemos a la política prohibicionista que no ha generado un solo beneficio y por el contrario ha sido la base del negocio multimillonario para bandas delincuenciales.
Con datos duros podremos avanzar con rapidez en la normalización de nuestro esquema regulatorio, uno que exige que los poderes Legislativo y Ejecutivo actúen con responsabilidad en generar en breve el nuevo marco regulatorio por el que la prohibición desaparezca, y se dé lugar a una realidad jurídica y de salud.
Estamos en la antesala de un cambio radical, pero justamente les decimos a los que se oponen que los entendemos en cuanto a temores se refiere, pero lo relevante es que dichas preocupaciones son vigentes en las circunstancias en que actualmente vivimos porque la disponibilidad de drogas, variedad de las mismas (entre naturales y artificiales), y oferta en general están en un máximo histórico, con comerciantes en todos lugares y sin recato o cuidado alguno para la ciudadanía. Por ello el cambio es inaplazable y el temor a tener un control sanitario activo estatal no es fundado, pero sí lo es seguir viviendo bajo el yugo de la delincuencia que no conoce límites a su negocio, que únicamente existe como resultado de la prohibición.
El tiempo de recuperar el control de los temas de salud y justicia ha llegado. La descriminalización en el consumo sería un primer paso de muchos (incluyendo la eliminación progresiva y eventualmente total de cualquier prohibición, y siempre acompañada de una política sanitaria solvente y científica y socialmente viable). Solamente así se podrán erosionar las bases financieras de operación de la delincuencia y fortalecer los de las autoridades. En esa ruta nos debemos sumar todos, recuperando también nuestra corresponsabilidad de favorecer la prevención y la intensa campaña de información para que nuestros hijos no consuman drogas, pero no bajo la amenaza de penas privativas de la libertad, sino más bien con la orientación y cobijo del Estado como sucede con el alcohol y el tabaco.
Abogado y socio fundador de SMART
