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Corría febrero de 2012. Después de organizar el foro Drogas, un Balance a un Siglo de su Prohibición, al que acudieron 36 especialistas de todo el mundo, era claro: había que diseñar una estrategia para impulsar un debate distinto, sobre bases jurídicas, en torno al consumo de la marihuana y cambiar la política en la materia en México.
“Veíamos que un hippie de Playa del Carmen no era una persona con la que las familias mexicanas pudieran identificarse, no encontrábamos a las personas ideales a quienes representar frente al tema de la marihuana, hasta que conocí a Juan Francisco Torres Landa, de México Unido Contra la Delincuencia”, cuenta Andrés Aguinaco Gómez Mont, del Centro Estratégico de Impacto Social (CEIS).
Fue así que se determinó que el secretario general de la fundación México Unido Contra la Delincuencia, nieto del ex gobernador de Guanajuato (1961-1967) y socio del buffet Barrera, Siqueiros y Torres Landa S.C., ex abogado del grupo Wal Mart —durante el caso de sobornos que pagaron directivos de la compañía a funcionarios mexicanos—, fuera la persona sobre quien se bordaría el juicio de amparo para cultivar y consumir esa droga.
Torres Landa era el indicado, exponía con claridad todas las razones por las cuales no funciona la política oficial de las drogas. Tras la aprobación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que él y otras tres personas hagan uso de la marihuana, enfrentó el reto de que la menor de sus hijas, de 10 años de edad, le dijera: “Papá en la escuela me preguntan si eres marihuano, no entiendo por qué dicen eso...”.
Preocupado porque su familia no se viera vulnerada por las reacciones ante la decisión de la SCJN, Torres Landa habló con su hija para explicarle que valía la pena dar la lucha por un México mejor y menos violento, aunque esto significara el rechazo de gente cercana.
“Le expliqué que la batalla que estábamos dando y ganando provocaría mejores decisiones por parte de los políticos, que hubiera mejores condiciones, le mostré algunas cifras sencillas de cuántas personas han muerto por situaciones relacionadas con el combate a las drogas; le dije que el problema de Ayotzinapa, por ejemplo, está muy relacionado con las drogas. No era la primera vez que hablaba con mis cinco hijos de este tipo de temas”, explica.
Para Juan Francisco es claro que “buscar este cambio es para no heredarle a mis hijos el desastre que tenemos hoy en el país en materia de seguridad y justicia, con derroche de recursos, debilitamiento de instituciones, pérdida de vidas en forma masiva y un fortalecimiento de las bandas delincuenciales”.
Su propuesta es que a sus hijos los proteja el Estado respecto al consumo, con base en educación, prevención, vigilancia médica, no con policías, militares, mucho menos con prisión. “Mis hijos, nuestra familia sabe que nosotros no vamos a hacer uso de la autorización (de la Corte); el punto fundamental es que ese derecho me corresponde a mí y puedo decidir si quiero o no quiero hacer uso de determinada sustancia. Estamos tratando de impactar a la política prohibicionista [en México]”.
Era una aventura cuando se lanzó, relata, “pensamos que era algo complicado, porque después de tener una inercia de tantos años, no sabíamos si los argumentos jurídicos pesarían lo suficiente para que la Corte se pronunciara; pero felizmente vemos logrado un ejercicio de pluralidad, de interpretación recta y de división de poderes. Tenemos una Corte muy solvente, que se atreve a cuestionar y de alguna manera invalidar lo que han hecho tanto el Legislativo —con la Ley General de Salud—, como el Ejecutivo en la aplicación de esta legislación”.
Torres Landa asegura tener información que responde por qué la política pública, que tiene por objetivo tratar de controlar las drogas, es un desastre, “pero ahora tenemos un pronunciamiento del máximo órgano jurídico del país, que nos dice que esas disposiciones que enarbolan la prohibición son contrarias a los derechos humanos de los ciudadanos”.
Un joven abogado, impulsor de la iniciativa
Los derechos humanos fueron la bandera principal en el litigio que se planteó para terminar con el poder de los cárteles de las drogas. Es la premisa que utilizó Andrés Aguinaco Gómez Mont, abogado de 28 años y fundador del Centro Estratégico de Impacto Social (CEIS), quien se acercó a México Unido Contra la Delincuencia, a Juan Francisco Torres Landa, para plantear una estrategia y llevar así a la SCJN el tema de la legalización de la marihuana.
En entrevista desde Nueva York, donde cursa una maestría en la Universidad de Columbia, el hijo del reconocido abogado Fabián Aguinaco Bravo y sobrino del ex secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, explica que fue junto a sus socios Paula Méndez y Moy Schwartzman —fundadores de CEIS—, que se diseñó la estrategia para plantear por qué la política pública no funciona a frente a la prohibición de las drogas.
“Queríamos reflexionar y saber si había alguna alternativa o discusión viable basada en derechos humanos. Diseñamos una estrategia, pero lo esencial era encontrar la historia de un quejoso que ha visto afectados sus derechos.
Vimos que un hippie de Ciudad del Carmen no sería una persona con la que las familias mexicanas pudieran sentirse identificadas, no encontrábamos a gente ideal a quien representar. Unos meses después fui a una conferencia que dio Francisco Torres Landa en la que exponía con claridad todas las razones por las que no funcionaba la política de las drogas, de inmediato pensé los integrantes del grupo México Unido contra la Delincuencia serían los candidatos ideales y les comenté: creo que su estrategia se puede complementar con la nuestra y podemos encontrar sinergia”.
Después Goméz Mont preguntó: ¿qué tal si les ofrecemos una forma de llevar a la Corte la discusión que ustedes están enarbolando en la sociedad y en el Congreso?
“Nosotros sabemos de derechos humanos, pero no de políticas de drogas, no éramos conocidos en el medio de la organizaciones civiles, ellos tenían la exposición mediática y social, el reconocimiento, y nosotros el conocimiento de litigio en derechos humanos. Ahí la sinergia y la relación tan buena que establecimos. Es decir, teníamos una estrategia pero no teníamos (una persona) con nombre y apellido”.
Surgió la estrategia y la alianza México Unido contra la Delincuencia con CEIS. Comenzó un proyecto conjunto “que ahora vemos ha tenido buenos resultados; creamos un club canábico, la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (SMART), dedicada a la producción, consumo y distribución de la marihuana entre sus agremiados.
No se trata de personas aisladas sino de un grupo formal y serio. Los cuatro amparados por la SCJN “son personas con las que nos podemos identificar; son padres, católicos, como lo es la mayoría de los mexicanos, empresarios, activistas sociales, amas de casa, madres, deportistas, abogados exitosos, mexicanos quienes pusieron en tela de juicio el sistema”.
Gómez Mont expone su argumento: una persona puede tener hábitos “que el Estado debe tratar de disuadir, pero no prohibir; sabemos que existen riesgos a la salud asociados con la marihuana, por ello se debe regular que haya un sistema de disuasión por parte del Estado, que se establezca el lugar y el modo para consumirla, las condiciones para su acceso. Con esto se logra alejar (las drogas) de los menores de edad por ser más vulnerables; se lograría asegurar la calidad, habría que regular su lugar de compra”.
Plantea que es el dealer que vende marihuana quien incita al comprador a consumir otras drogas, “es quien va a ofrecer LSD, heroína o alguna otra. De ahí la importancia de establecer los lugares que vendan marihuana, para que así el consumidor no tenga acceso a otras drogas. A esto algunos le llaman política de reducción de riesgos (harm reduction)”.
Promotores del juicio
Armando Santacruz y Pablo Girault, otras de las dos personas a las que la SCJN les concedió el amparo para el consumo lúdico, tuvieron que explicar a su familia su participación en esta lucha legal.
Para Armando, director de una empresa química que cotiza en la Bolsa y miembro fundador de México Unido Contra la Delincuencia, fue importante entender por qué la violencia ha al canzado los grados hoy existentes, el alto nivel de corrupción, las violaciones a los derechos humanos, el encarcelamiento de quienes consumen marihuana, por qué el consumo de drogas va en aumento y la importancia de defender el derecho humano a la libertad de elección.
Pablo Girault señala que era necesario resolver si las democracias liberales pueden prohibir el consumo deliberado y consciente de sustancias como el cannabis; si el Estado puede obligar a llevar vidas sin riesgos calculados y sin decisiones sobre el cuerpo y vida propios; resolver cuáles son los límites de la libertad individual y de la autodeterminación. “A mis hijos les he explicado que su cuerpo es de ellos, que lo deben cuidar y que vivirán con las consecuencias de sus decisiones y que mientras estén en mi casa y sean menores de edad, no pueden fumar, ni tomar, ni usar drogas”.
“Yo tampoco soy consumidor de marihuana. Entendemos que las drogas son malignas y no estamos fomentando que las usen, pero sabemos que éstas existen y la mejor manera de combatirlas es regular el mercado. Mis hijos conocen perfectamente bien quién es el dealer en su escuela, las drogas están ahí, a la mano, a su alcance y todos los alumnos en el plantel lo saben. Mis hijos saben que tendrán el derecho de decidir qué harán con su cuerpo cuando alcancen la mayoría de edad y quiero que estén informados frente al consumo de ciertas sustancias, para que cuando tengan que decidir lo hagan bien informados”, expone.
Girault considera que una parte importante de la violencia derivada de la prohibición se da en el ámbito del narcomenudeo, por lo que al eliminar la marihuana de esté sector ilegal se podría erradicar la lucha por los mercados. “Queremos que el gobierno haga más campañas de prevención, pues es mejor educar desde la prevención y la responsabilidad, que desde la prohibición. He visto el deterioro de nuestro país y quiero dejarles a mis hijos un México donde puedan caminar libremente, que tengamos seguridad. Sabemos que la gente se resiste a los cambios, curiosamente los poco informados son los que más se resisten”, afirma.
SMART propone una legalización, pero “acompañada de una regulación estricta, para que al igual que con el alcohol y el tabaco, la marihuana no esté disponible más que para mayores de edad en puntos de venta controlados. No buscamos que se venda de forma indiscriminada, todo lo contrario; pero debe ponerse el acento en el respeto a los derechos humanos, entre ellos el de la libre elección”.
El gran elefante en la recámara
Los 15 años de experiencia en México Unido Contra la Delincuencia a Armando Santacruz le facilitaron la sinergia con el abogado Andrés Aguinaco y CIES. Él no es consumidor de marihuana, tampoco piensa serlo, “pero aun si lo fuera estaría ejerciendo mi derecho”.
“Llevábamos años tratando de entender por qué la violencia alcanzó los grados en los que ahora nos situamos; por qué la corrupción gubernamental tan alta, la creciente violación a los derechos humanos; por qué el uso de las drogas va en aumento; a lo largo de estos años apostamos por todo aquello que creíamos significaría una mejor procuración e impartición de justicia. Llegamos a la conclusión de que todo lo que hiciéramos sería estéril si no atacábamos ese gran elefante en la recámara. Esto fue así hasta que conocimos la estrategia jurídica de Andrés Aguinaco Gómez Mont”.
