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La diputada federal Rosa Alba Ramírez Nachis planteó exhortar al DIF para que realice inspecciones en albergues e instituciones dedicadas al cuidado de niños y niñas a fin de regular sus servicios y evitar abusos contra los menores de edad.
Consideró que la falta de regulación uniforme y de datos específicos de esas instituciones ha propiciado que se conviertan en los “peores centros de abuso en contra de los menores”, por lo que presentó un punto de acuerdo.
En su exposición de motivos, la legisladora de Movimiento Ciudadano expuso que se pueden ver casos como el del albergue ‘La Gran Familia’ o ‘Casitas del Sur’, donde los menores sufrían todo tipo de abusos.
Subrayó que no se debe permitir que se lucre con la inocencia y vulnerabilidad de los infantes, por lo que se requiere de la supervisión e intervención constante de las autoridades para que los menores tengan una mejor calidad de vida.
Refirió que de acuerdo con datos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en México hay aproximadamente 25 mil 700 niños y adolescentes en 922 albergues registrados, de los cuales 805 son privados y 117 públicos.
Ramírez Nachis explicó que la primera infancia, que va de los cero a los cinco años de edad, es una etapa importante, toda vez que en ella se presenta el desarrollo de condiciones esenciales para la vida, es decir, las capacidades físicas, intelectuales y emotivas.
“Si un niño crece en situación de calle no se desarrolla a su máxima potencia. A esto hay que añadir que en ocasiones se presentan en este entorno problemas de adicciones, falta de acceso a la salud y a la educación, entre otras carencias y vulnerabilidades”, agregó.
Por ello consideró indispensable que el DIF, con apoyo de las Secretarías de Gobernación y de Desarrollo Social, realice inspecciones para generar más control sobre el funcionamiento de los albergues, generalizando las medidas fitosanitarias y de protección civil para que estos lugares sean adecuados y eviten malos tratos y abusos.
La diputada explicó que el papel de la Secretaría de Gobernación (Segob) en dichas inspecciones, debería ser el de velar por las garantías individuales de los menores de edad.
Mientras que el de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) sería el de establecer y ejecutar programas de atención a los sectores más vulnerables y desprotegidos, cuidando el cumplimiento efectivo de sus derechos. El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Derechos de la Niñez.
JLCG
