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El aumento de la inseguridad y la falta de respuesta de las autoridades ha llevado a una “privatización parcial de la seguridad” por las medidas frecuentes que emplean los habitantes para evitar ser víctimas de algún delito, señala el estudio “Privatización de la seguridad pública en metrópolis mexicanas. Retos institucionales, socioculturales y territoriales”.
“Asistimos a una privatización parcial de la seguridad pública, por las acciones tomadas por la sociedad civil, tanto en el campo del consumo, como en el de la producción para remediar el vacío que el Estado no ha cubierto en materia de seguridad”, indicó Claudia Zamorano Villarreal, del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y autora del documento.
El problema de la inseguridad, indica la investigación, ha generado incremento de los cuerpos de seguridad pública y privada en el país desde 1980; un contexto de legalidad e ilegalidad; la mercantilización de la seguridad; miedo y desconfianza en los habitantes, así como una fragmentación del espacio urbano ante las medidas tomadas por los habitantes para evitar ser víctima de un delito.
La investigación refiere que la incidencia delictiva y el temor en los habitantes, repercute directamente en su calidad de vida, ya que existen dos clases de seguridad en el país: la que tienen las personas de clase alta y las de baja.
Al analizar el caso de una comunidad en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, Zamorano Villarreal indicó que se pagó a la policía municipal 260 mil pesos mensuales para mejorar la vigilancia.
“En el caso de la clase alta, es que se producen una especie de burbujas de seguridad autónomas del gobierno. A partir de la inseguridad los vecinos se comenzaron a organizar, instalaron cámaras de seguridad, dispositivos faciales, tarjetas digitales y vallas sofisticadas”, explicó.
Mientras que en el caso de las colonias populares, los ciudadanos optaron por cerrar calles, crear autodefensas urbanos, realizar linchamientos, amenazas y simulacros.
El aumento de las medidas en las casas y principalmente en las calles dio la pauta a una fragmentación de la urbanización ante la colocación de cámaras de seguridad, rejas o cierre de calles.
“Esto crea una especie de zona gris entre lo legal y lo ilegal, entre lo legítimo y lo ilegítimo, porque la gente está creando problemas que se tienen que atender ante las precauciones que toman para protegerse”, explicó.
Pero a pesar del aumento de la seguridad, la violencia y el temor van en aumento, por lo que es necesario analizar las estrategias que se han llevado a cabo para mejorar la calidad de vida de los habitantes.
“Hay una mayor intervención pública y privada en la seguridad, y cómo explicar que a pesar del aumento de la seguridad, la sociedad considera a la inseguridad como el principal problema que atañe a México. Por qué la población sigue sintiendo bastante temor y sigue pensando que la seguridad es el principal problema que tiene México”, cuestionó Zamorano.
Por ello, aseguró que es necesaria una reforma en los cuerpos de seguridad, así como en las obligaciones y limitaciones que deben tener las empresas de seguridad privada.