Para reducir la incertidumbre campesina por la reforma energética se constituyeron cuatro nuevas figuras para la defensa de ejidatarios e indígenas.
Carlos Sandoval Miranda, presidente de la asociación International Right of Way Asociation (IRWA) Capítulo 85, dio a conocer que campesinos y etnias contarán con defensa profesional con cuatro nuevas figuras: el testigo social, el valuador especializado en temas de energía, el mediador y el gestor ambiental, para que reciban una asesoría experta en el proceso de inversión.
El especialista en valuación rural precisó que los Núcleos Agrarios en México contarán, en los próximos meses, con personas calificadas y certificadas que aportarán su experiencia para la mejor forma de inversión en las tierras ejidales ligadas a los Derechos de Vía por donde pasarán gasoductos o bien la extracción de hidrocarburos.
Recordó que con la aprobación de la Ley de Hidrocarburos y las leyes de Inversión Extranjera, Minera y de Asociaciones Público Privadas, los 32 estados de la República Mexicana estarán inmersos en las inversiones en hidrocarburos y seguramente un gran porcentaje de los 2 mil 500 municipios donde los poco más de 31 mil núcleos agrarios serán sensibles de explotación en la materia.
“Se van a tocar miles de núcleos agrarios en diferentes circunstancias, algunos cercanos a la mancha urbana con un potencial de desarrollo diferente a los que puedan estar en áreas altamente productivas o en áreas muy aisladas”, precisó Sandoval Miranda.
Confió en que los proyectos se hagan realidad al igual que la derrama económica para estas comunidades a fin de que se integren a la modernidad y obtengan recursos y oportunidades de desarrollo en su sitio de origen.
El porcentaje establecido en la Ley aprobada señala que no podrá ser menor al 0.5 ni mayor al 2%, en beneficio de la totalidad de los propietarios o titulares de derechos.
Sostuvo que el trabajo para la defensa de los ejidatartios será coordinado con las Secretarias de la Función Pública, de Energía, Sedatu y Semarnat, y resaltó que es de vital importancia que tanto el testigo social, como el mediador y el gestor social convivan en el núcleo agrario a fin de que conozcan la realidad económica, política, social, cultural y ambiental de la región.
El también catedrático de la UNAM comentó que deberán capacitarse y certificarse más de 150 testigos sociales y similar número de mediadores y gestores ambientales, quienes podrán ofrecer sus conocimientos de manera libre tanto a los proyectos de inversión como a las dependencias federales mencionadas.
Aseguró que con ello se garantizan más mecanismos para “cerrarle la puerta” a la corrupción pues habrán de cumplirse normas de carácter internacional y ningún proyecto comenzará antes de haber cumplido con lo que mandata la Ley de Hidrocarburos y la Ley de la Energía Eléctrica.
