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Los ciudadanos que presentaron el amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se legalice la marihuana con fines lúdicos aseguran que esta regulación “evitaría que los que hoy la compran tengan contacto con el crimen organizado. La mayoría de ellos no tienen interés alguno en drogas más duras, pero los dealers sí tienen interés en que prueben otras, y el contacto con ellos supone un riesgo que podría evitarse si pudieran autoproducir y consumir”.
Lisa Sánchez, Pablo Girault y Armando Santacruz, fundadores de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, A.C. (SMART), firmantes de la demanda de amparo que hoy se discute en la SCJN, en entrevista con EL UNIVERSAL indican que lo hicieron “para solicitar la protección y respecto al derecho humano a la libertad de elección, para poder sembrar, transportar y consumir marihuana”.
Coinciden en afirmar que se ha generado una discusión honesta en materia de derechos humanos en el seno de la Corte y refieren que “ciertamente uno de los objetivos es reducir la violencia a nivel de narcomenudeo, pues éste origina una parte importante de la violencia en el país, pero hay otros objetivos que se alcanzarían con una política de regulación de la marihuana en lugar de la actual política punitiva”.
Hoy el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea presentará ante el pleno de la Primera Sala de la SCJN su propuesta sobre el derecho a la producción y consumo de cannabis con fines personales de carácter recreativo. El amparo fue solicitado por el grupo SMART para que la Secretaría de Salud les otorgue un permiso de consumo de marihuana con fines lúdicos, lo que ha puesto el tema a debate una vez más en la agenda nacional.
Armando Santacruz, también consejero fundador de México Unido contra la Delincuencia, señala que en lo referente al crimen una parte importante de la violencia derivada de la prohibición de las drogas se hace en el ámbito del narcomenudeo, por lo que al eliminar la marihuana del mercado ilegal se podría anular uno de los principales impulsores de esa violencia, que es la lucha por el control de la venta.
“Debemos dejar de encerrar por años a gente que sólo portaba o consumía marihuana, pues 60% de los presos de cárceles federales están ahí por delitos de drogas, portación o consumo. Bajaríamos de forma muy importante la población carcelaria. La abrumadora mayoría de los portadores son usuarios solamente de marihuana, que es por mucho la droga más consumida. Al encarcelar al consumidor convertimos en delincuente a quien no lo era, pues difícilmente alguien pasa años en una cárcel mexicana sin salir con doctorado en delincuencia”, comenta.
Si SMART gana el amparo y se le permite operar, podría funcionar como un refugio seguro para un gran número de personas que padecen enfermedades que pueden ser aliviadas mediante el consumo controlado e informado de marihuana y sus derivados.
Para la asociación civil, la legalización de la marihuana debe hacerse principalmente por razones médicas, ya que constituye una opción terapéutica que, bien regulada, ofrece beneficios a personas que tiene padecimientos muy complejos y dolorosos.
Lisa Sánchez, coordinadora del Programa Latinoamericano para la Reforma de la Política de Drogas de México Unido contra la Delincuencia, refiere que es importante decir que ella es una ciudadana perfectamente funcional, que tiene un empleo, que paga impuestos, que busca el bienestar de la sociedad en su conjunto y “no tenemos los desórdenes causados ni por la criminalización ni por los temas de consumo. Cada familia tiene en su haber historias trágicas de abuso de sustancias y hay que acercarles los medios para que logren salir de ahí”, indicó.
Destaca que “todas las personas que consumimos o no tenemos derechos y la Constitución nos protege a todos independientemente de cuáles sean nuestras conductas. Debe desestigmatizarse al usuario.
“Se debe abordar este debate desde una óptica diferente, ya que no se trata de una cuestión de política pública sobre seguridad o violencia, sino de garantizar que los derechos humanos de todo ciudadano, que están ya plenamente reconocidos en nuestra Constitución, estén en todo momento por encima de políticas públicas orientadas a proteger al individuo de sí mismo”.
Para Sánchez, la trascendencia del proyecto del ministro Zaldívar radica en que es la primera vez que se está discutiendo el tema de política de drogas y de cannabis desde los derechos humanos. No se había hecho realmente un planteamiento de cuáles son los derechos violados o limitados por la política de drogas y por la prohibición específica del cannabis. En este sentido, es un proyecto vanguardista que marcará un antes y un después, porque declara inconstitucionales ciertos artículos de una ley que impone prohibiciones tan absolutas que terminan siendo limitativas de otros derechos.
Pablo Girault refiere que SMART es la primera organización ciudadana de autoconsumo responsable y tolerante cuyo objetivo es defender el derecho humano de libertad de elección. “Hemos interpuesto la demanda de amparo ante el Poder Judicial para que se defina desde la sociedad cómo tratar esta sustancia. Hasta ahora solamente se ha abordado desde la prohibición del consumo”, señaló.
“El proyecto de ley plantea dar permiso para que las personas consuman cannabis (y) nos lo van a dar en lo personal. Sin embargo, yo soy padre de familia; de entrada, no consumo, no pienso consumir y tampoco quiero que mis hijos lo hagan, pero prefiero enseñarles que existe, que puede ser dañina o no y que ellos tomen sus decisiones y vivan conociendo las consecuencias”, explicó Girault.
