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El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal con sede en el Reclusorio Sur determinará hoy si concede o no un amparo contra la formal prisión a siete de los 12 integrantes del Comité de Obras Públicas que a principios de 2010 determinó que la construcción de la Estela de Luz se debía concursar mediante una invitación a tres participantes.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Érick Treviño, ingeniero en Electrónica, y los arquitectos Domitilo Barragán y Sergio Salas explicaron que se les acusa de uso indebido de atribuciones y funciones, y de un presunto desvío por mil millones de pesos.
Detallaron que su única intervención en el proceso se dio el 5 de enero de 2010, cuando definieron que la contratación de la empresa que edificaría el monumento sería por invitación a tres participantes y no por licitación o adjudicación directa debido a lo apretado de los tiempos, pues la obra debía entregarse el 15 de septiembre de ese año, para los festejos del Bicentenario de la Independencia.
“Que quede bien claro: el Comité de Obras tenía como responsabilidad ver cuál era la forma de adjudicar ese proyecto, nada más, hasta ahí. Después del 6 de enero de 2010, los miembros de ese Comité no estuvimos presentes para firmar o autorizar montos. Imagínense que un servidor público de nivel bajo esté autorizando mil millones de pesos. Eso es absurdo”, precisó Érick Treviño.
Barragán explicó que ocho empresas con capacidad técnica y financiera para realizar la obra participaron en la invitación, y finalmente se determinó que las ganadoras serían Proyectos y Desarrollos de Infraestructura, S.A.P.I. de C.V., y GUTSA Infraestructura, S.A. de C.V.
Precisó que tras el fallo se firmó un contrato por 393 millones de pesos para construir la Estela de Luz y que renunció en junio de 2010 “porque no me satisfizo la forma en que el director de la empresa [el arquitecto Agustín Castro Benítez] estaba llevando la obra, pues me querían obligar a firmar una estimación por 13 millones de pesos para ‘Estudios específicos’, que no estaba considerada en el contrato firmado con Banjército”, dijo.
Agregó que son chivos expiatorios y que a través de un fideicomiso de esa institución financiera “se recibían instrucciones y se giraban los cheques para costear todos los proyectos del Bicentenario”.
Salas precisó que él sólo validó que la documentación presentada por el Comité cumpliera con la Ley de Obras Públicas.
