politica@eluniversal.com.mx
Los ómbudsman de 53 países, incluido el de México, se comprometieron a vigilar que sus gobiernos rindan cuentas sobre el progreso en la implementación de la Agenda 2030 de desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El compromiso se formalizó durante la firma de la Declaración Mérida “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible: ¿Qué papel tienen las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos?”, al terminar la 12 Conferencia del Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, realizada en Yucatán.
Ese manifiesto, firmado por los defensores de derechos humanos de los 53 países participantes, permitirá cumplir con perspectiva de derechos humanos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, formulada por la Asamblea General de la ONU el pasado mes de septiembre.
Los ómbudsman se comprometerán con actores clave, incluyendo agencias gubernamentales, oficinas nacionales de estadística, la sociedad civil, grupos principales, en particular titulares de derechos identificados en la Agenda, la ONU y otros socios internacionales. Colaborarán con asistencia técnica en la elaboración de indicadores nacionales globales y complementarios, y sistemas sólidos de recolección de datos para asegurar la protección y promoción de los derechos humanos en la medición del progreso de la Agenda.
Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien encabezó los trabajos del encuentro, destacó la coincidencia con sus homólogos de que los principios de los derechos humanos, así como la paz y la seguridad, se configuran como los ejes para el desarrollo sostenible.
En la última sesión de trabajo, afirmó que la Agenda 2030 constituye un marco de transformación sin precedentes, aplicable a todos los países, que une las dimensiones ambiental, social y económica del desarrollo a fin de restablecer la armonía y el equilibrio de nuestro entorno.
Impulsarán mecanismos para facilitar el acceso a la justicia a través de la reparación del daño para aquellos que experimentan el abuso y la violación de sus derechos en el proceso de la aplicación de la Agenda de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas.