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politica@eluniversal.com.mx
El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) menciona que 80 personas que fueron detenidas por los ataques en contra de los normalistas denunciaron “abusos, malos tratos y torturas por parte de las fuerzas de seguridad”.
El apartado Informe pericial médico forense refiere que los implicados en las agresiones fueron asegurados entre los meses de octubre y diciembre de 2014 por autoridades federales.
“Algunas de estas personas alegan haber sufrido abusos, malos tratos y torturas por parte de las fuerzas de seguridad, y en el expediente judicial que investiga los hechos existe abundante información médica que acredita la existencia de lesiones que son objeto ahora de una revisión general por parte del perito que suscribe este informe”, indica el documento.
Entre las personas que denuncian los malos tratos están policías de Iguala y Cocula, así como María de los Ángeles Pineda Villa, ex presidenta del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Iguala, y José Luis Abarca, ex edil del mismo municipio. Sin embargo, en el registro médico presentado no se encontraron lesiones en ninguno de los dos.
De manera contraria, algunos de los sujetos identificados como parte de la organización criminal Guerreros Unidos presentaron diversas lesiones, de acuerdo con el informe. Tal es el caso de Raúl Núñez Salgado, quien es señalado como operador financiero de ese grupo, el cual presenta 49 lesiones, entre las que destacan moretones y una hemorragia.
Ramiro Ocampo Pineda es otro de los personajes pertenecientes a este grupo criminal que presenta un importante número de lesiones, muchas de las cuales se deben a golpes o torceduras.
Informes médicos. Los presuntos abusos contra las personas detenidas por las agresiones del 26 de septiembre en contra de los normalistas fueron cotejados a través del análisis de los informes médicos generados a los que tuvo acceso el Grupo de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el caso Ayotzinapa.
“Dichos informes son de dos tipos. Unos considerados como informes sobre integridad física [realizados alrededor de los días de la detención, un grupo numeroso de ellos en octubre de 2014]”, explica el documento.
Los partes legistas corresponden a las 80 personas aseguradas, así como a un segundo cotejo efectuado entre diciembre de 2014 y febrero de este año.
“De éstos se han examinado 115 informes correspondientes a 80 detenidos; y otros realizados posteriormente [entre el 16 de diciembre de 2014 y 18 de febrero de 2015], que se denominan ‘mecánica de lesiones’, de los que se han analizado 40 informes”, se indica en el documento.