A un año de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) indicó que las estructuras estatales no pudieron impedir la complicidad de la delincuencia con algunas autoridades y que todos los implicados sean consignados; el organismo llamó a evitar el uso político de estos acontecimientos, así como cualquier “distorsión” que contamine la investigación que se realiza.
En el marco del primer aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la CNDH expresó que es “preciso reconocer” que las estructuras del Estado no pudieron impedir la complicidad de la delincuencia con algunas autoridades, por lo que a la fecha no se han podido deslindar responsabilidades ni que todos los que participaron aquella noche del 26 de septiembre de 2014 sean consignados.
“Es preciso reconocer que las estructuras estatales no pudieron impedir la complicidad de la delincuencia con algunas autoridades y a la fecha no han podido deslindar las responsabilidades correspondientes ni que todos los que participaron en los hechos sean consignados”, expresó el organismo
Llamó a impedir el uso político de los hechos y cualquier distorsión que contamine la investigación, por lo que dijo que es momento de dejar de lado descalificaciones y sumar esfuerzos, a fin de avanzar en las pesquisas.
“Es necesario impedir el uso político de estos hechos, así como evitar cualquier distorsión que se pretenda dar a los mismos y que contamine la investigación que se lleva a cabo. Es momento de dejar de lado descalificaciones y sumar nuestros esfuerzos para avanzar en la realización de la investigación con el rigor, objetividad, responsabilidad y profesionalismo que el caso requiere”, expresó.
El organismo indicó que sería pertinente llevar a cabo una “revisión integral” del expediente integrado por la Procuraduría General de la República (PGR) parea detectar omisiones o irregularidades, las cuales tendrán que ser investigadas y sancionadas.
Exhortó al Gobierno de la República para que dé respuesta “puntual” a los planteamientos de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, así como de sus representantes y de diversas organizaciones sociales, formulados en la carta que entregaron en la reunión sostenida el pasado jueves 24 de septiembre.
“Sería pertinente efectuar una revisión integral del expediente integrado por la PGR, a efecto de detectar omisiones o irregularidades que en todo caso tendrán que ser investigadas y, eventualmente, sancionadas conforme a derecho. (…) Se formula un exhorto al Gobierno Federal para que dé respuesta puntual a los planteamientos hechos por los padres de los estudiantes desaparecidos, sus representantes y diversas organizaciones sociales, en la carta que entregaron con motivo de la reunión sostenida el pasado 24 de septiembre”, apuntó.
Subrayó que el “Caso Iguala” es un expediente abierto, cuya investigación continúa, en la que sea considerada toda línea sustentada con “elementos objetivos” y que no se dará por terminada hasta que no se hayan esclarecido el destino de los normalistas desaparecidos, y tanto las víctimas como la sociedad tengan conocimiento de la verdad sobre lo sucedido la noche del 26 y 27 de septiembre del año pasado.
La CNDH señaló que es preciso que se continúe con la atención a las observaciones contenidas en el documento “Estado de la Investigación del Caso Iguala” - presentado por el organismo en julio cuya respuesta de la PGR se está valorando- así como de las recomendaciones hechas por el Grupo de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“El esclarecimiento de este caso sólo se logrará con los elementos concretos que se desprendan de una investigación científica y exhaustiva de los hechos, que adminicule todos los elementos probatorios que obren en el expediente mediante un análisis integral, lógico y objetivo de los mismos. Los rumores, suposiciones infundadas y especulaciones, además de confundir a la opinión pública, desvirtúan las investigaciones, propiciando la demora en la conclusión de las mismas y que los hechos permanezcan impunes”, sostuvo el organismo autónomo.