Organizaciones sociales agrupadas en la Red de Rendición de Cuentas (RRC) advirtieron que existen riesgos de que en el proceso de construcción de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, resulte una norma fragmentada e incoherente, que produzca contradicciones legales.
El doctor Mauricio Merino, coordinador de la RRC, expresó que las iniciativas presentadas por legisladores del PAN en materia de Responsabilidad de los Servidores Público y del PRD, sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, así como leyes de Transparencia que se discuten en el Senado, al compararlas, éstas responde a una visión particular y fragmentaria de quien las redactó.
“La reforma constitucional en combate a la corrupción fue aplaudida por nosotros, porque en su contenido tiende a conjurar el riesgo de la incoherencia y la fragmentación, por lo tanto que este conjunto de leyes secundarias podría acabar produciendo mayor impunidad”, alertó.
Eduardo Bohorquez, director de Transparencia Mexicana, dijo que además de las dos leyes generales el Legislativo tendrá que ajustar otras 20 leyes, por lo que éstas deben ser consistentes con el diseño institucional anticorrupción.
A nombre de 40 organizaciones sociales, Bohorquez dio a conocer un manifestó en el cual pidieron que la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción no se haga “en lo oscurito”, sino en los principios de parlamento abierto, en discusiones públicas, y que no se partidice el tema.
Destacó que es de suma importancia que en la las leyes secundarias se establezca que en el Régimen de Responsabilidad se investigue no sólo a individuos o funcionarios públicos, sino a las redes de corrupción que hayan incurrido en un posible delito.
Propuso además que todos los casos de corrupción que se conozcan se investiguen “ex officio” como una obligación de ley, para las instituciones que forman parte del Sistema, las indaguen sin la necesidad de presentar una denuncia.
Marco Fernández, director de Investigación de México Evalúa, advirtió no sólo es urgente tener un marco legal coherente y coordinado, sino que también las instituciones de justicia tiene que transformarse para hacer valer el estado de Derecho y combatir la corrupción.
“Con las instituciones que tenemos no es posible hacer valer el estado de derecho, como ejemplo el lamentable caso de Ayotzinapa, la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán, o la siembra de un arma de fuego en el caso OH, por ello es fundamental que el Consejo de la Judicatura tome decisiones para ver de qué manera se depurarán los problemas de corrupción en el Poder Judicial”, dijo.
tpc