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La iniciativa de ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para crear la Secretaría de Cultura, enviada por el jefe del Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados, ha dejado abiertas más preguntas que certezas.
Queda claro que la nueva secretaría sustituirá al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y “que todos sus bienes y recursos materiales, financieros y humanos se transferirán a la mencionada secretaría, junto con los expedientes, archivos, acervos y demás documentación, en cualquier formato, que se encuentre bajo su resguardo”; sin embargo hay omisiones o puntos sin aclarar que propician la incertidumbre.
Este “nuevo mapa cultural” que propone la creación de un “organismo integrador del conjunto vasto y heterogéneo de instancias culturales federales”, contempla la adhesión del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el Instituto Nacional del Derecho de Autor y de Radio Educación, que se sumarán al Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura; sin embargo, omite cualquier mención la necesidad de una Ley de Cultura, el cambio de estructura de los organismos a su cargo y la situación laboral de los trabajadores sindicalizado pertenecientes al magisterio.
Para el analista de la comunicación y la cultura, Carlos Lara, la iniciativa plantea una “secretaría coja”.
“Creí que se plantearía una secretaría robusta, no fue así. Entre lo más positivo es que se establecen las bases para que Cultura opere en transversalidad con otras secretarías. Se le reconoce un estatus dentro de la Administración Pública. Ya no es más un subsector, sino un sector. El pendiente sigue siendo el tema de la Secretaría de Gobernación y las atribuciones que tiene y que deberían ser de Cultura, sobre todo porque tienen un carácter censor. Además, esta iniciativa nos queda a deber los reglamentos del INAH y del INBA, porque de acuerdo con la iniciativa se mantendrán con su legislación y reglamentación vigentes. ¿Cuáles? No las tienen. Esta es una omisión que el Ejecutivo federal no ha resuelto en años. Además, se tendría que legislar la Ley General de Cultura. No es posible tener una secretaría, pero no una Ley”, dijo.
De corto alcance. Por su parte, el diputado local de Morena, Alfonso Suárez del Real, aseguró que la iniciativa presidencial es de “muy corto alcance” porque “no permite desarrollar una política cultural de Estado”.
Además, dijo, “no resuelve la manera en que concurren los niveles de gobierno en la elaboración de los programas y políticas culturales y no establece las modalidades de participación de los sectores social y privado. Simplemente transfiere las facultades conferidas a la SEP en materia de cultura y deja sin definir las modalidades de coordinación de los institutos federales: INAH e INBA”.
Desde la perspectiva laboral. Ante la incertidumbre de no saber a ciencia cierta cuáles serán las condiciones laborales que tendrían con la creación de la Secretaría de Cultura y la posible desvinculación entre los conceptos de educación y cultura, el Colectivo de Sindicatos de Educación y Cultura manifestó ayer su rechazo.
Representantes de las delegaciones sindicales del INBA, INAH, Conaculta, Cenart y otros expusieron su rechazo a la iniciativa en los términos que está planteada, ya que no está claro qué pasará con los trabajadores sindicalizados cuyas representaciones, por ahora, están afiliadas al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. “Sería violatorio de nuestros derechos que no hubiera una consulta, sería un signo de un Estado autoritario que, en una materia tan delicada como la cultura, impusieran por ‘mayoriteo’ una legislación”, manifestaron los trabajadores.
Sergio Javier López Hermenegildo, secretario de Relaciones al Exterior de la delegación lll-22 del INBA, sostuvo: “Hay incertidumbre en la gente que tienen muchos años de antigüedad, porque no se precisa qué es lo que pasará. Se avizoran escenarios críticos, reducción mínima de puestos de confianza y de honorarios.
“Lo que nosotros buscaremos es conjuntar voluntades ante lo que consideramos una situación crítica. Estamos convocando a grupos del sector como Radio Educación y otros organismos sindicales para ver las cuestiones laborales. Nos preocupa que hay un apartado transitorio que deja abierto todo el tema laboral”, dijo.
El antropólogo y especialista en legislación cultural, Bolfy Cottom dijo que se trastocan los derechos laborales porque al formar una nueva secretaría los trabajadores pasan a un nuevo sector y dejan de ser sindicalizados; pero además aseguró que esta iniciativa deja al INAH, por ejemplo, francamente debilitado porque le quitan atribuciones que técnicamente les corresponden, como el tema de los permisos y las autorizaciones.
El estudioso dijo que para muchos esta propuesta fue novedad, pero para él no es mayor sorpresa.
“Venía viendo cómo este proyecto se venía preparando, el problema es que esta administración del Conaculta se suma a una tradición que empieza con Sara Bermúdez, con Sergio Vela, con Consuelo Sáizar, de hacer las cosas a escondidas, de no atreverse a plantear los problemas directamente, de no convocar a las distintas comunidades a buscar soluciones a los distintos problemas”, se quejó.
