politica@eluniversal.com.mx
Felipe de Jesús Gutiérrez, el encargado de poner orden en la ciudad de México desde el gobierno central, tiene claro el camino a seguir para la definición de qué se debe hacer en los terrenos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM): “Abrirse a un debate en el que participen todos los sectores de la sociedad, los empresarios, los gobiernos local y federal, partidos, especialistas, académicos, para llegar a un consenso. Lo que no tiene cabida es una decisión unilateral sobre el tema; hoy en la ciudad se decide colectivamente”.
En el piso 16 de lo que fue el Hotel Plaza y desde 2010 la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, el arquitecto y urbanista comenta a EL UNIVERSAL que en el Distrito Federal se tiene una oportunidad única e irrepetible para diseñar el futuro de un área que potencializará el desarrollo de la zona oriente, que no se debe dejar pasar.
Precisa que no se deben encasillar en un solo proyecto las 710 hectáreas. “Yo creo que es una oportunidad de pensar diferente, de pensar libre, de no prejuiciar nada, de valorar todas las opciones posibles”.
Gutiérrez Gutiérrez responde a los planteamientos que han hecho las autoridades federales, en las que mencionan que antes de un foro se debe realizar un estudio técnico de qué se puede hacer en este terreno.
Señala que si bien es necesario hacer ese estudio especializado, también lo es dar paso a la reflexión y el análisis de lo que piensa la ciudadanía sobre lo que hay que hacer en este territorio del tamaño del Bosque de Chapultepec o de Ciudad Universitaria.
Es la tesis que están aplicando en la definición del Plan General de Desarrollo Urbano de la ciudad de México, que busca conciliar todos los intereses y redefinir los espacios de la capital del país, para que no se tengan que hacer traslados de dos o tres horas de los hogares a los centros de trabajo.
Aclara que este plan es para los próximos 20 o 30 años, y ese mismo lapso se debe contemplar para lo que se hará en el AICM.
¿Qué se puede hacer en las 710 hectáreas del AICM?
—Es un espacio importante, que si lo comparamos con otros equipamientos de la ciudad es más grande que el bosque de Chapultepec con sus tres secciones, es equivalente a Ciudad Universitaria. Es una dimensión importante que tendría que responder a distintas necesidades, desde temas ambientales hasta una concepción mixta que prevea demandas de vivienda; por ejemplo, ahí cabrían varios Tlatelolcos, si pretendiéramos nada más hacer viviendas.
Es una discusión que debería conciliar todas las posibilidades. Creo que es una oportunidad de pensar diferente, de no tener prejuicios. Aquí tener esta posibilidad de pensar libre, de no prejuiciar nada, de valorar todas las opciones posibles.
¿Quién llevaría mano en esta determinación?
—Sin duda, el gobierno federal es dueño del predio; sin embargo, la definición de los usos del suelo es competencia del gobierno local, conjuntamente con la Asamblea Legislativa, para definir bajo qué instrumentos debe darse esta transformación.
Hoy es un aeropuerto, entonces tendríamos que discutir hacia lo que deseamos, en razón de su carácter metropolitano, de sus características propias del inmueble, pero también en razón de su ubicación geográfica en el oriente de la ciudad.
Destaca también que el impacto no sólo se reduce al propio predio, sino al que tendrá en el desarrollo social y habitacional de la delegación Venustiano Carranza, así como el cambio de la vocación económica que hoy tiene.
La administración federal plantea que antes que foros se debe realizar un proyecto técnico de la zona, ¿usted qué piensa?
—Cuando estudiamos urbanismo nos enseñan este método de determinar cuál es la aptitud de esos suelos y dependiendo de la topografía, de la resistencia del suelo, de las orientaciones, de una serie de variables naturales y de los elementos urbanos que conforman ese espacio se puede definir la vocación.
Si bien tendrá que pasar por una valoración técnica especializada en su momento, me parece que tenemos que iniciar con una reflexión de qué opinaría la ciudadanía. También tendrán que participar todos los especialistas, pero siempre tratando de hacer coincidir estas visiones, no puede ser sólo la visión de los expertos.
¿No se puede tomar una decisión unilateral en esto, donde la ciudad quede fuera?
—De ninguna manera, es una oportunidad única e irrepetible, es parte de las competencias que tiene el gobierno de la ciudad; tenemos en marcha el programa general de desarrollo urbano, que es el foro donde podríamos ventilar todo esto, además de los foros especializados. Es una decisión que tiene que ser dialogada en ámbitos gubernamentales, en ámbitos sociales, académicos, hay que recoger las distintas voces. Siento que al ser una oportunidad única nos tenemos que dar tiempo para tener una buena planeación de qué es lo que queremos para ese espacio.
¿No caben medidas unilaterales?
—No caben medidas unilaterales. En la ciudad se decide colectivamente.
¿Cómo viene a transformar la zona oriente de la ciudad este terreno?
—Debiera convertirse en un polo detonante de esa recuperación, con las definiciones que al final resulten de cómo deben aprovecharse esas más de 700 hectáreas, más toda esa área de influencia. Estar a 5 kilómetros del centro le da un valor importante, entonces sin duda será un espacio que se convierta en un detonante de recuperación para todo un sector en esta fase de transformación que tiene la ciudad.
¿Este espacio permitiría plantear un reordenamiento de la ciudad?
—Claro. El propósito sería dejar sentadas las bases de cómo se debe dar este proceso de transformación, cómo va a ser el reaprovechamiento de ese territorio a partir de instrumentos formales, pero que vengan de ese proceso de diálogo ciudadano, para poder establecer cuáles son esos instrumentos, además de los propios programas de reordenación de la zona metropolitana y, en general, de desarrollo urbano.
El reto en una transformación de cualquier ciudad del mundo es cómo distribuimos los costos y los beneficios, quién paga esas obras de infraestructura, esos nuevos equipamientos, esos nuevos modos de transporte y quiénes son los beneficiarios. Tenemos que potenciar para que se logre el mayor beneficio de la ciudad y de sus habitantes.
¿Y quién vendría a pagar los costos, la IP, el gobierno local o federal?
—Seguramente tiene que ser combinación de varios de esos factores, pero a través de estos instrumentos definir quién paga qué, para que se establezca con claridad esa visión de este sector, luego convertirla en una cartera de proyectos en la que quede claro lo que hay qué hacer en materia de movilidad, cómo van a llegar los sistemas estructurados de transporte; qué hacer en materia ambiental para recuperar la condición lacustre que tiene el sector; qué hacer en materia de imagen urbana, de espacios públicos, de grandes equipamientos educativos, de salud, en fin, toda una cartera de proyectos y acompañarla con un plan de financiamiento.
¿Cómo es la relación con el gobierno federal en torno al proyecto?
—No hemos avanzado todavía, me parece que tenemos voluntades de ambos lados de hacerlo juntos, de poder establecer temas en común, entendiendo que las definiciones con respecto al aprovechamiento de ese territorio es competencia de la ciudad.
¿No se corre el riesgo de que este proyecto transexenal se politice y cambie por intereses políticos?
—Si nace desde un método participativo donde los sectores de la ciudad opinen, colaboren y se sientan autores de esta definición, me parece que en ese momento se lograría tener una masa crítica clara que defendería cualquier posibilidad de modificación.
