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El gobierno federal violó el derecho de varias comunidades indígenas a una consulta libre antes dar permiso a una empresa para la plantación de soja genéticamente modificada, aseguró la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por lo que recomendó a diferentes dependencias incluir estas personas en las negociaciones.
El organismo nacional emitió la recomendación 23/2015 a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) para que se efectúe una consulta libre e informada a los pueblos indígenas sobre la presencia de soya genéticamente modificada.
Comunidades indígenas de las etnias maya, huasteca, náhuatl, entre otras, asentadas en al menos seis estados de México, no tuvieron oportunidad de tener "una consulta libre, previa e informada" debido a "actos y omisiones atribuibles a funcionarios públicos" que otorgaron a una empresa los permisos para la liberación al medio ambiente de ese cultivo, reportó la CNDH.
Por lo tanto, el documento explica que ambas dependencias vulneraron el derecho a una consulta libre, previa e informada en perjuicio de diversas comunidades indígenas.
En ese sentido la CNDH solicitó al titular de Sagarpa que durante el trámite de permiso se efectúe la consulta libre, previa e informada a que obligan las leyes mexicanas y los instrumentos internacionales.
"Se trata de un caso en que se acreditó la violación al derecho humano a la consulta" en 2012, enfatizó la CNDH.
Algunas de las afectaciones denunciadas por los indígenas es que en el estado de Yucatán por ejemplo el polen que recolectan sus abejas "está contaminado por la presencia de transgénicos", lo que podría poner en riesgo sus exportaciones de miel a la Unión Europea, destacó la CNDH en su recomendación.
La plantación de semillas genéticamente modificadas ha despertado diversas protestas en especial por el maíz, base primordial de la dieta de los mexicanos.
En 2009, el gobierno autorizó la siembra de maíz transgénico a Monsanto, una de las empresas más grandes del mundo de semillas genéticamente modificadas, y otras firmas, pero cuatro años después organizaciones civiles ganaron un amparo que impide a las autoridades otorgar más permisos para la liberación de ese grano modificado.
La CNDH pidió que al menos durante el trámite del permiso a la empresa, cuyo nombre no reveló, se efectúe la consulta "y se valore implementar medidas para evitar que se afecte este derecho" en otras comunidades.
afcl
