Por tratarse de un caso de especial relevancia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá en los próximos meses una acción de inconstitucionalidad en contra de la legislación del estado de Campeche que prohíbe de manera absoluta la adopción a parejas del mismo sexo, informó su Presidente, Luis María Aguilar Morales.
Al inaugurar el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, el ministro Presidente del máximo tribunal agregó que también fue impugnada esa misma ley por el impedimento que se les impone a las parejas homosexuales para compartir la guardia y custodia de un menor de edad.
De acuerdo con la Corte, en la acción de inconstitucionalidad con el expediente 8/2014, los ministros tendrán que analizar si dichas prohibiciones, previstas en el artículo 19 de la Ley Regulatoria de las Sociedades Civiles de Convivencia del Estado de Campeche, son contrarias a los principios de igualdad y no discriminación que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En este marco, el ministro Luis María Aguilar detalló que en materia electoral, ya fueron impugnadas cinco leyes expedidas por los gobiernos y congresos estatales de Baja California, Oaxaca, Tamaulipas, Zacatecas y Veracruz, las cuales contemplan diversos tipos de candados para entregar el registro a candidatos independientes en comicios locales.
En el caso de Veracruz, la Corte también deberá resolver si es válido o no el nuevo sistema de financiamiento para el pago de las pensiones de los trabajadores al servicio de dicha entidad.
En el rubro fiscal, los ministros del Máximo Tribunal revisarán la constitucionalidad de la contabilidad electrónica, la publicación de operaciones relevantes por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la no deducibilidad de las operaciones que sean declaradas inexistes por ese mismo organismo.
Por otra parte, el Ministro Presidente de la Corte, Luis María Aguilar, informó que ya operan en el país ocho centros de justicia federal totalmente equipados para la aplicación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, los cuales también cuentan con jueces capacitados para realizar audiencias públicas y juicios orales, tal y como se estableció en la reforma del sistema de justicia aprobada desde junio del 2008.
Agregó que la capacitación de nuevos funcionarios no sólo incluye a jueces y funcionarios judiciales, ya que también se contempla a los defensores de oficio que pertenecen al propio Poder Judicial de la Federación (PJF).
