La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés) y un grupo de organizaciones defensoras de derechos humanos solicitaron al gobierno de México y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) prorrogar el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa.
Junto con WOLA, firmaron la solicitud Amnistía Internacional, Brigadas Internacionales de Paz (PBI) Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWGEF), JASS (Asociadas por lo Justo), y Robert F. Kennedy Human Rights.
Mediante cartas dirigidas al presidente Enrique Peña Nieto y al secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, las organizaciones consideran que la ampliación de mandato es necesaria para proveer asistencia técnica independiente al gobierno mexicano en el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes en Iguala, Guerrero en septiembre de 2014.
En la misiva dirigida al presidente Enrique Peña Nieto, las organizaciones firmantes consideran que la prórroga del mandato del GIEI “es importante no sólo para completar las labores aún pendientes en relación al caso de los estudiantes desaparecidos sino también para abordar la problemática más amplia de las desapariciones forzadas en el país”.
De igual forma, estiman que casi la mitad (40%) de sus solicitudes de información permanecen sin respuesta o con respuesta parcial, y que quedan tareas relacionadas con peritajes forenses, la investigación de evidencia perdida y otros asuntos importantes que aún deben ser completadas.
Mientras que en el escrito enviado a Emilio Álvarez Icaza, afirmaron que el caso de los estudiantes de Ayotzinapa se ha convertido en un caso emblemático que demuestra el alcance y las dimensiones de la problemática de las desapariciones forzadas en México.
“Por eso, su investigación también debe ser emblemática y constituirse en un ejemplo de cómo llevar a cabo una investigación exhaustiva para poder lograr verdad y justicia para las víctimas y sus familias”, resaltan.
Señalaron que en el caso de aprobarse la prórroga del mandato, los grupos firmantes piden que las autoridades mexicanas sigan apoyando el trabajo del GIEI y que proporcionen acceso a las pruebas pertinentes y a los agentes del Estado claves.
Enfatizaron que de tener voluntad de facilitar el trabajo del GIEI y de acatar sus recomendaciones, el Gobierno Mexicano demostraría su compromiso con la verdad y justicia en este caso tan emblemático y de avanzar en la protección y respeto a los derechos humanos en el país.
Cabe recordar que el GIEI fue concebido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en noviembre de 2014 a través de un acuerdo con el Estado mexicano y los representantes y familias de los estudiantes en respuesta a su petición para asistencia técnica, y aunque el mandato es para seis meses el acuerdo dejó abierta la posibilidad de una prórroga.
