El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados busca castigar con multas que alcanzarían hasta los 30 mil días de salario mínimo (más de dos millones de pesos) a quienes distribuyan, vendan o pongan a disposición de niñas, niños y adolescentes, videojuegos clasificados para adultos o que inciten y promuevan la violencia o hagan apología del delito, independientemente de su clasificación.
La iniciativa que presentó el diputado Antonio Cuéllar Steffan (PVEM) promueve modificaciones a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y advierte que los videojuegos con contenidos violentos o sexuales representan un riesgo para el comportamiento, desarrollo mental, sano entendimiento y relaciones sociales de niños y niñas “que, por su estado de desarrollo sicosocial, se encuentran en una posición más vulnerable frente a esos contenidos”.
En el documento, turnado a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, sostiene que la actual legislación carece de garantías para evitar la venta de materiales que pueden menoscabar la integridad física y mental de menores de edad.
En los últimos 20 años los videojuegos se han proliferado de tal manera que millones de personas los utilizan para su entretenimiento, y según cifras de centros estadísticos de empresas de dicha índole, en 2013 17.7 millones de personas en el país jugaban con esos materiales al menos una hora al día.
De ahí la importancia de establecer controles legales, regular la distribución de videojuegos e imponer sanciones, pues los establecimientos pueden evadir limitantes y poner a disposición del público infantil y adolescente títulos con temas de violencia o sexualmente explícitos.
Cuéllar Steffan sostiene que en las leyes se deben especificar e identificar los factores que contribuyen a desequilibrar el sano desarrollo mental de los infantes, entre los que se encuentran videojuegos no aptos para su edad.
“Pueden generar desmesuradas conductas de repetición, sobre todo de parte de los menores, como el caso del asesinato del niño de nombre Christopher Raymundo Márquez el pasado 15 de marzo en Chihuahua, en el que se vieron involucrados cinco menores de edad, que de manera violenta privaron de la vida al infante, argumentando en su defensa que todo fue parte de ‘un juego’”, detalló el legislador.
La exposición de los menores a esos contenidos es una agresión a su sano desarrollo síquico y social, pues los videojuegos “no sólo presentan la trasmisión de imágenes y sonidos a un sujeto pasivo, sino que demandan la interacción del jugador para que se concrete realmente el fin del producto”, aseguró el diputado.
Por ello, el Estado mexicano tiene la obligación de tutelar el interés superior del niño, por lo que se deben evitar riesgos a su integridad síquica y su desarrollo a través de normas que disuadan y sancionen conductas que en ejercicio de un derecho de terceros, afecten a este sector de la población.
Cuéllar Steffan plantea agregar un artículo 68 Bis y reformar la fracción 4 del artículo 148, para establecer que distribuidores y comercializadores de videojuegos no puedan vender o poner a disposición de niños, niñas y adolescentes aquellos títulos o juegos clasificados para adultos, o con cualquier contenido que afecte su desarrollo integral, incite o promueva la violencia o la apología del delito.
