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La Comisión Permanente invitará a los gobernadores de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo; de Chiapas, Manuel Velasco Coello, y Salvador Jara, de Michoacán, para que expongan su experiencia sobre la “problemática” que han padecido en la implementación de la reformas del servicio profesional y evaluación docente.
Ello, luego de que los grupos parlamentarios lograron un acuerdo que este martes votarán en la segunda comisión de la Permanente, que preside el senador perredista Armando Ríos Piter.
Según el acuerdo, se realizará una Mesa de Análisis Intergubernamental con relación a los procesos de implementación de las reformas constitucionales en materia de servicio profesional y evaluación docente entre los distintos órdenes de gobierno.
“El objeto es procurar a esta soberanía una perspectiva intergubernamental de los procesos de implementación de las reformas. Se acordó extender una invitación a los ejecutivos de Oaxaca, Chiapas y Michoacán a efecto de que expongan su experiencia y visión sobre la problemática, retos, necesidades y perspectivas en la implementación del servicio profesional y la evaluación docente”.
La mesa se llevaría a cabo para el próximo jueves 9 de julio, a las 11:00 horas, después de que en esas entidades la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) no permitió que se aplicara la evaluación educativa, como se estipula en la Constitución.
El presidente de la comisión de Educación del Senado, el panista Juan Carlos Romero Hicks, recordó que hay una serie de temas muy importantes derivados de la pasada comparecencia del secretario de Educación, Emilio Chuayffet.
“Hay que redefinir, el federalismo educativo: qué le toca a cada orden de gobierno, municipio, estado y federación; hay que revisar quién es el patrón. El gobierno federal, de una manera muy ligera e irresponsable, tiene una interpretación inapropiada, porque en este momento ya no son los estados los que pagan la nómina”.
Precisó que hoy “los gobernadores ni pagan ni mandan, y el gobierno federal sí paga y no quiere mandar”.
Por ello, insistió en que se tiene que revisar el Acuerdo de Descentralización Educativa del 19 de mayo de 1992, porque ya está rebasado a la luz de nuevas normas y nuevas formas deben plantear la relación entre estado y federación.
La senadora Dolores Padierna (PRD) señaló que ahora que concluyó la evaluación los legisladores quieren ver que, en efecto, no sea punitiva, sino sea simplemente con fines evaluatorios y que no haya discriminación hacia el magisterio democrático, y simplemente la calificación que hayan sacado sirva para la promoción del magisterio.
Incluso, comentó que su partido estaría dispuesto a modificar el acuerdo de 1992. “El secretario (de Educación) hablaba de que el acuerdo hay que llevarlo a una ley general para que tenga este repercusión en todo el país”, expuso.