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doris.gomora@eluniversal.com.mx
A un año del caso Tlatlaya familiares de militares piden un juicio justo para los implicados. En entrevistas por separado, coinciden en que la decisión sobre la situación legal de sus parientes está en manos de los jueces, pero no se les ha respetado el derecho de presunción de inocencia: para la opinión pública desde un inicio fueron culpables.
Con la difusión de la identidad de los militares y ante el juicio mediático, algunos de los familiares tuvieron que abandonar los lugares donde vivían, al ser cuestionados o atacados.
Destacan, además, que como civiles no han recibido ayuda de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNHD) o alguna organización similar. Afirman ser víctimas también, y con reticencia tres aceptan hablar con EL UNIVERSAL, sin revelar sus apellidos, ni el nombre de los militares inculpados por el presunto homicidio de civiles, después de un enfrentamiento en una bodega en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014.
“Mi esposo es mi sostén, la única persona con la que yo contaba, y desde su detención para mí ha sido un infierno, no se nos brindó un apoyo para nosotros ni para nuestras familias, yo he tenido que vender mi propiedad, la única que a base de mucho esfuerzo habíamos logrado, vendí casi todos mis muebles”, explica Rubí.
Dice que desde que su marido fue detenido le fueron suspendidos sus derechos y reducido el sueldo a mil 400 pesos al mes (en apego a las normas castrenses en los casos en que algún elemento es presunto responsable de un delito), por lo que optó por la venta de su propiedad, pero también se endeudó para el pago de las necesidades de su familia y la atención médica de uno de sus hijos.
Dejó su estado, su ciudad porque no pudo evitar el cuestionamiento de la gente, y ante el riesgo que corrían sushijos, se cambió de ciudad. Debe pagar una renta de entre mil 500 y dos mil pesos y pagar la medicina de uno de sus hijos con problemas respiratorios, solventar los gastos de su esposo, pagar la defensa, viáticos.
Afirma que su esposo no le platicó lo que ocurrió el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya. “Todo el mundo los acusa que son culpables, todo el mundo habla de ejecución, yo lo que tengo entendido es que mi esposo estaba en el cumplimiento de su deber”.
Rubí comenta: “por lo que vi derechos humanos se movió por un lado, pero por otro a nosotros nos dejó solos, jamás una llamada, jamás intentó contactarnos ni siquiera por medio de nuestro abogado, jamás se ha tomado la molestia de preguntar y ¿qué pasó con la familia de los militares?”.
Cuestiona a derechos humanos. “¿Cómo le explico a mis hijos que tuvimos que huir de donde vivimos?, ¿qué me expliquen ellos a mí, por qué no me brindaron un apoyo? ¿por qué no estuvieron con nosotros para ver realmente las cosas?, por que según tengo entendido está estipulado que nadie, nadie es culpable hasta que no se compruebe lo contrario”.
Rubí pide un juicio justo para su esposo. “Les pido ayuda, que no nos dejen, que vean que todo sea conforme a derecho, conforme a la ley, que pedimos un juicio justo, lo que pedimos es protección, que se cuide nuestra integridad, nuestra identidad, que nos ayuden porque lamentablemente ya no, no podemos”, expone.
Víctor, hermano de otro de los internos en la prisión militar agrega que “lo que me preocupa más es que al rato haya represalias contra toda nuestra familia”. El motivo de lo que pasó “fue un enfrentamiento yo así lo tengo entendido, yo he platicado con mi hermano, él cumplió con su deber. Lo que pasó ellos saben, entonces lo único que queremos es que la gente entienda que cumplieron con su deber”.
Durante las primeras visitas, agrega, su hermano estaba muy agobiado “muy triste diciendo que no era culpable, que hubo un enfrentamiento, pero que les achacaban que ellos habían empezado”. Víctor señala que derechos humanos apoyó a los parientes de los fallecidos, “y a nosotros no nos ha apoyado, no hemos tenido contacto con ellos, o que ellos mismos dijeran: ‘saben que bueno vamos a ver en que podemos ayudarlos ¿no?, en qué podemos ayudar a esa familia”. Cuestiona qué hubiera pasado si los militares hubieran sido los fallecidos: “¿nos iban a apoyar?, queremos ver una solución, queremos ver algo favorable a nuestros familiares, y a lo mejor yo me pongo en los zapatos de aquellos parientes de los que fallecieron, bueno pero también pónganse en mi lugar”.
Morayané es esposa de otro militar implicado en el caso Tlatlaya, ante lo ocurrido tuvo que vender su propiedad, y empeñar algunos artículos, ahora sus hijos y ella viven con su suegra. La aprehensión de su esposo, afirma, la destrozó, “fue un dolor muy grande para mis hijos, para mí, fue algo horrible, yo creo que a nadie se lo desearía”.
Para su esposo su vida siempre fue el trabajo, relata, se arriesgaba mucho, efectuaba patrullajes nocturnos, lo enviaban por meses a operaciones en otras entidades, regresaba uno días y volvían a dejarlo de ver por meses. Enterarse de la detención fue sorpresivo.
“Verlo ahí (en la prisión), cuando yo lo fui a ver la primera vez que estuvo ahí, fue desgarrador porque me dijo: ‘mírame donde he caído’”, recuerda.
Moreyané ahora ha optado por hacer trabajos eventuales para solventar los gastos de su esposo, de sus hijos, y de ella, por lo que sólo acude en ocasiones a visitarlo a la prisión, donde refiere que él ha registrado periodos de depresión y recibe asistencia médica.
