Más Información
A dos meses de que termine su labor, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) para el caso Ayotzinapa informó que no han podido entrevistar a los integrantes del 27 Batallón de Infantería para recabar más testimonios, porque las autoridades aún evalúan la petición.
Dijo que de 100 peticiones de información relevantes para la investigación, 30% de las diligencias solicitadas a las diversas autoridades se han cumplido de forma completa; 24% de forma parcial y 47% no han sido respondidas. Entre ellas, afirmó Francisco Cox, integrante del grupo, se encuentra la petición al gobierno federal de sostener entrevistas con 35 miembros del Batallón 27 de Infantería ubicado en Iguala, Guerrero.
En conferencia de prensa, los cinco integrantes del GIEI presentaron el cuarto informe público sobre el caso Ayotzinapa, en el que resaltan su preocupación por el retraso a la petición hecha desde hace más de tres meses y cuya única respuesta ha sido: “El Estado continúa analizando la procedencia de la solicitud”. Cox recordó que en su carácter de coadyuvante, el GIEI está facultado en todo momento a sugerir al Ministerio Público ampliar las declaraciones que los 36 miembros del batallón hicieron en calidad de testigos.
Al leer este informe sobre los avances y pendientes del caso Ayotzinapa, Ángela Buitrago mencionó que hay que tener en cuenta que han pasado nueve meses desde los hechos y la urgencia que dichas acciones tienen para los familiares de las víctimas, así como el tiempo restringido de seis meses que el GIEI tiene para llevar a cabo su mandato de colaborción.
Sobre la recomendación que hicieran a la PGR para unificar los procesos y la tipificación de los delitos en el caso Ayotzinapa, el GIEI mencionó que esta solicitud fue aceptada por la procuraduría en las seis causas abiertas que corresponden a 15 procesos en Tamaulipas, Morelos y Guerrero.
Sin dar detalles, Buitrago sólo comentó que en la última semana de mayo acudieron a los Centros Federales de Readaptación Social para la toma de testimonios de personas inculpadas que se encuentran recluidas en el Estado de México, Veracruz, Jalisco y Nayarit, entre ellos el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda.
Por separado, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa, reiteró que se valora la petición del grupo para entrevistar a los soldados del 27 Batallón, en Iguala, sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“Se continúa valorando sobre la pertinencia de la diligencia para entrevistar a los militares. Sin detrimento de concluir el análisis hoy pueden intervenir en los términos de la ley a través del Ministerio Público”.
Con información de Dennis A. García
