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silvia.otero@eluniversal.com.mx
A un año, las tres principales testigos de cargo en el caso Tlatlaya cayeron en contradicciones en las declaraciones que forman parte del expediente que integró la Procuraduría General de la República (PGR).
Aseguraron que estaban secuestradas, para cambiar después su versión, y dos de ellas aceptaron que eran sexoservidoras contratadas por integrantes del grupo armado que el 30 de junio de 2014 se enfrentó a elementos del Ejército.
La veracidad de las testigos clave del proceso penal que se sigue en contra de los siete militares implicados en el homicidio de ocho de 22 civiles que murieron en una bodega, será uno de los elementos que el juez de la causa deberá valorar, a petición de la defensa de los inculpados.
En la averiguación previa AP/PGR/-SEIDO/UEITA/174/2014, que se inició contra los militares que participaron en la operación, y a la cual tuvo acceso EL UNIVERSAL, se asentaron las versiones de las testigos Cinthia Estefany Nava López, Patricia Campos Morales y otra persona cuyo nombre se conoce pero se ha mantenido bajo el alias de Julia.
El mismo día del enfrentamiento, Nava López en su declaración ante el Ministerio Público afirmó que estaba secuestrada, y al momento del tiroteo se encontraba amarrada junto con otras tres personas: dos sujetos y una mujer llamada Patricia. Dijo que estaba dormida cuando escuchó los balazos, y que los soldados les gritaban a los hombres que estaban en la bodega que se rindieran.
En un nuevo testimonio, al que se presentó el 4 de julio de 2014, admitió que el día de los hechos estaba en el interior de la bodega, a la que llegó un día antes, ya que en Arcelia, Guerrero, conoció a una mujer apodada La Chaparra, quien la invitó a trabajar como sexoservidora con los de la maña [la delincuencia], y de esta forma se relacionó con el grupo armado.
Patricia Campos Morales declaró primero ante el Ministerio Público que el día del enfrentamiento estaba privada de su libertad, por lo que al iniciar el enfrentamiento se encontraba amarrada junto con dos hombres y una mujer que sobrevivió, “mientras que a los hombres los mataron los militares”.
El 1 de octubre de 2014, en otra declaración, admitió que es sexoservidora y estaba en la bodega por su voluntad con los integrantes del grupo armado, y se instaló con mantas y cobijas para acostarse con un hombre conocido como El Chino; momentos después empezaron los disparos y este hombre le dijo que le amarraría las manos con un alambre “para que cuando entraran los militares les dijera que estaba secuestrada”.
Julia es del estado de Guerrero, y el 4 julio de 2014 dijo que era la única persona ajena al grupo, que todas las mujeres convivían con las personas que se encontraban en la bodega, y que escuchó el apodo de los sujetos El Ocho y El Mexicano, que eran parte de los que se encontraban en ese lugar. Todos ahí iban armados, por lo que cuando llegaron los militares las expresiones fueron de que “les cayeron” y “comenzaron a disparar de adentro hacia afuera, y empezó el enfrentamiento”.
Ante esa situación las mujeres se fueron hacia un rincón de la bodega y ahí las amarraron para parecer que estaban secuestradas.
Luego en su declaración del 1 de octubre de 2014 refiere que llegó a San Pedro Limón, Estado de México, en busca de su hija, a quien encontró con un grupo de hombres armados. Los individuos se las llevaron hacia la bodega en la cual se dio el enfrentamiento con los militares.
Incluso, en octubre del año pasado, el entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, hizo notar que las declaraciones de la testigo habían variado, no coincidían.
Fue ella quien hizo público el caso y sostuvo que los elementos del Ejército dispararon contra algunos de los civiles cuando éstos ya se habían rendido, y que entre las víctimas estaba su hija adolescente, de 15 años.
Después de los peritajes realizados por la PGR, ésta sólo encontró indicios por el posible homicidio de siete personas, y en la relación de víctimas no está Érika, cuyo deceso se suscitó durante el enfrentamiento.
Estas declaraciones son parte del expediente que se integró contra siete militares por los delitos de ejercicio indebido del servicio público, alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo, por los que son procesados en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Edomex, bajo la causa penal 81/2014.
Sólo tres enfrentan cargos por abuso de autoridad y homicidio calificado en agravio de Miguel Ángel Rodríguez Viviano, Álvaro Palacios González, Tomás Domínguez Flores, José López Santos, Marcos Salgado Burgos, Jorge Andrés González Olarte, Jesús Jaimes Adame y Ricardo Sarabia Guzmán.
Otro de los militares procesados también es acusado de encubrimiento, “en la hipótesis de no procurar impedir la consumación de un delito”.
