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El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, reconoció que las violaciones a los derechos humanos de los migrantes –principalmente centroamericanos- que transitan por México se han agravado, pese a reformas y creación de normas legales en los últimos 25 años en busca de protegerlos.
Entrevistado al término de la inauguración del 42 Congreso Nacional Ordinario y Asamblea General de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, González Pérez señaló que hace un cuarto de siglo cuando se creó la CNDH “el tema migratorio estaba latente, era preocupante. Hemos avanzado en muchas normas jurídicas, pero a 25 años el problema se sigue agravando”.
Planteó que se deben fortalecer las tareas de prevención de las violaciones a derechos humanos de personas que pueden ser “doblemente victimizadas”, pues de origen los centroamericanos migran por la pobreza y violencia en sus países.
El ómbudsman dijo que se han recibido “muchas” quejas por presuntas agresiones contra migrantes, pero no precisó cifras o si éstas han aumentado a raíz de la puesta en marcha del Plan Frontera Sur.
“Ya dije que es preocupante y lacerante” el asunto de las violaciones a derechos humanos de ese sector, añadió.
Comentó que la CNDH está atenta al tema visitando estaciones migratorias, entrevistándose con ellos y emitiendo medidas cautelares. “En ese sentido reiteramos, nosotros vamos a estar de lado de las víctimas, siempre buscando que se atienda la situación de los migrantes desde la perspectiva humanitaria”, señaló.
Por otra parte, durante su intervención en el evento de inauguración del encuentro, González Pérez llamó a los presidentes de las 32 comisiones estatales de derechos humanos del país a realizar un pronunciamiento conjunto a favor del derecho humano a la educación.
Pidió que “en el marco de este Congreso Nacional y Asamblea General que nos convoca, emitamos un pronunciamiento conjunto por la vigencia y protección del derecho humano a la educación, en particular por lo que hace a las niñas, niños y adolescentes de México, cuyo interés superior demanda de las distintas autoridades en materia educativa, en sus respectivos ámbitos de competencia, cumplan con sus obligaciones como servidores públicos y den vigencia a este derecho”.
Sostuvo que sin demerito de la importancia o validez que tengan otros planteamientos o intereses legítimos, “el derecho a la educación de calidad es una prioridad y como tal debe tratarse en atención al interés superior de la niñez y de los jóvenes”.
Indicó que todo interés particular o discrepancia “debe ser planteado y resuelto por las vías institucionales pertinentes y los derechos de todas las personas deben ser defendidos y reconocidos, pero ello no es argumento para que se afecte o condicione el goce o ejercicio legítimo que los demás hagan de sus derechos, como lo es el derecho a la educación”.
