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nurit.martinez@eluniversal.com.mx
El secretario general de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Oaxaca, Rubén Núñez Ginez, arrancó una estrategia para advertir a los maestros, bajo engaños, que si participan en alguno de los procesos de evaluación de la reforma educativa, serán “separados o despedidos” de su trabajo en las aulas.
Con ese argumento la estructura de la CNTE en la entidad operó el “boicot a la evaluación” realizado el fin de semana pasado.
Esa fue la información que se hizo llegar a los poco más de 60 mil maestros de un total de 81 mil trabajadores que en total se contabilizan en esa sección sindical y que se transmitió a otras secciones simpatizantes de la CNTE en el país, señala un documento al que tuvo acceso EL UNIVERSAL.
A través del oficio S/N del expediente 2012-2016 con fecha de 17 de junio, a sólo tres días de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) arrancara los exámenes que prevé la reforma, el líder de la disidencia magisterial inició una estrategia estatal para impedir que profesores oaxaqueños participaran en las pruebas convocadas por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).
Entre el 20 y 22 de junio la SEP y el INEE aplicaron el primero de los exámenes de la reforma educativa, correspondiente a la promoción a cargos directivos.
Núñez Ginez aseguró en ese documento que el examen “someterá a todo trabajador al proceso de separación y despido del servicio educativo”.
Con el propósito de que los maestros y dirigentes respalden lo que fue un resolutivo de la asamblea estatal, realizada el 11 de junio de 2015, Rubén Núñez explicó que eso es lo que establecen los artículos 8 y 9 de la Ley General del Servicio Profesional Docente.
Al hacer un comparativo con lo que en realidad establece la ley publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 11 de septiembre de 2013, ambos artículos no hacen referencia a las consecuencias de someterse a las pruebas diseñadas por la SEP y el INEE, más bien en ambos apartados se establecen las atribuciones que corresponden a las autoridades educativas locales en el ámbito de la educación básica y de la educación media superior, tales como los requisitos para la evaluación, convocar a los concursos o establecer el tipo de reconocimientos cuando así se apruebe.
Es en los artículos 52 y 53 de esa misma legislación en donde se describen los criterios para la permanencia de los profesores en el servicio educativo y no como lo afirma el documento.
En particular, el artículo 53 es el que explica que la evaluación se aplicará y en caso de obtener una calificación insuficiente la persona será incorporada a un programa de regularización, y en un periodo no mayor a 12 meses tendrá la posibilidad de presentarse a una segunda prueba.
En caso de no acreditarlo una vez más el profesor volverá a someterse al mismo ejercicio de regularización y evaluación después de un plazo no mayor a 12 meses. Sólo en este último supuesto, de que no vuelva a obtener una calificación aprobatoria en su desempeño, “se darán por terminados los efectos del nombramiento correspondiente sin responsabilidad para la autoridad educativa”, dice la ley.
En la asamblea que se realizó en la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), en la ciudad de México el jueves 11 de junio, la dirigencia estatal de la CNTE determinó realizar “el boicot a la evaluación punitiva con una oleada de movilizaciones durante las fechas de la calendarización de la evaluación difundidas por el INEE en el plano nacional y estatal”.
El documento se entregó seis días después a la dirigencia de la Sección 22 de la CNTE. Asegura que el inicio de la reforma educativa crea un “estado de indefensión y vulnerabilidad” para los maestros del país.
En consecuencia, Rubén Núñez giró sus instrucciones “para que los compañeros de base del nivel que representan, no participen en el proceso de evaluación punitiva en todas sus etapas”.
En el documento les pide no participar en ninguna de las pruebas a las que convocará el INEE, que son además de la de promoción, la de ingreso y permanencia en el servicio educativo.
Previo a plasmar su firma de autenticidad, el dirigente de la Coordinadora asegura en el oficio de la Secretaría de Asuntos Profesionales que la estrategia de información y boicot se realizará “en cumplimiento con nuestros principios rectores y los principios para una gestaría honesta y democrática”.
