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El presidente nacional del PAN, Gustavo Madero Muñoz, interpuso una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado mexicano, a nombre de 1 millón 948 mil 200 mexicanos, por rechazar, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la consulta popular "Salario digno de los trabajadores".
Madero Muñoz solicita a la Comisión admitir el trámite de denuncia y abrir el caso, declarar que el Estado mexicano ha violado los derechos humanos señalados, emitir las recomendaciones pertinentes y exigirle remediar las violaciones presentadas, además de solicitar que el caso se someta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La denuncia, que consta 135 páginas, siete tomos y 38 pruebas, fue presentada por el secretario general adjunto, Fernando Álvarez Monje; el coordinador general Jurídico, Eduardo Aguilar Sierra; y la diputada federal Lourdes Medina Valdés en la sede de este organismo en Washington.
La queja se presentó con fundamento en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humano, por la violación a los derechos fundamentales, en perjuicio de quienes reciben un salario mínimo en el país y de casi 2 millones de mexicanos que suscribieron la consulta popular rechazada por el Estado mexicano, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En la denuncia se afirma que el Estado mexicano violó la obligación de respetar los derechos de la Convención, las garantías judiciales, las normas de interpretación convencional por suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas.
Además de violentar los derechos políticos de participación de manera directa en decisiones democráticas, a la protección judicial, al desarrollo progresivo, a la alimentación, al mínimo vital, a un salario remunerador y justo, al debido proceso ya que debieron analizar cada requisito en lo individual, y en relación a ingresos y gastos del Estado.
"También se violó el proceso legal en su vertiente de interpretación constitucional y convencional, ya que existió violación al debido proceso de legalidad porque se debió modificar la pregunta, y a la protección judicial por no tener una segunda instancia y a las restricciones constitucionales", detalla el documento.
jadf
