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Las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura representan problemas extendidos en México, enfatizó Human Rights Watch(HRW) en una carta enviada a la procuradora Arely GómezGonzález.
Fechada en Nueva York, la misiva firmada por la organización internacional hace un llamado a México a intensificar los esfuerzos para asegurar que se investiguen y sancionen adecuadamente gravísimas violaciones de derechos humanos.
"El gobierno de Peña Nieto se ha esmerado demasiado en restarle importancia a la crisis de derechos humanos en el país, mientras que sus esfuerzos para resolverla han sido absolutamente insuficientes", sostuvo Daniel Wilkinson, director gerente para las Américas de Human Rights Watch.
La nueva Procuradora General de la República -continúa- está en condiciones de contribuir para marcar un nuevo rumbo para México, pero para ello deberá ser mucho más activa que sus predecesores.
Menciona que en el mes de marzo Juan Méndez, el Relator Especial de la ONU sobre Tortura, presentó un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el cual afirmó que la "tortura es generalizada en México" y que los responsables muy pocas veces son llevados ante la justicia. Sin embargo, la respuesta del Gobierno mexicano fue criticar de manera pública al relator especial, y cuestionó su conclusión de que la tortura era un problema generalizado en México.
Se explica que Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para asuntos multilaterales y derechos humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, indicó que Méndez había sido "muy irresponsable y muy poco ético" y que había publicado hallazgos que "no pudo sustentar", según trascendió en los medios.
En otras ocasiones, altos funcionarios de gobierno, incluido el ex procurador general, Jesús Murillo Karam, expresaron su intención de abordar los problemas de derechos humanos que existen en el país, pero sus esfuerzos han sido inadecuados y han producido resultados limitados, señaló Human Rights Watch.
Señala que la titular de la PGR debería trabajar con otras autoridades competentes para asegurar que la unidad especial dedicada a desapariciones tenga recursos y personal suficientes para llevar a cabo investigaciones, señaló Human Rights Watch. La investigación oportuna, exhaustiva e imparcial de estos y otros abusos debería ser una de las máximas prioridades de la PGR.
"La PGR debería dar a conocer los nombres de 22,000 personas extraviadas o desaparecidas, así como de otras miles más que habían sido denunciadas como extraviadas y que presuntamente han sido halladas", se lee en la carta.
También pide que la procuradora Arely Gómez asegure que los expertos independientes que participan en las investigaciones penales realicen su labor sin interferencias indebidas, y que las víctimas, sus familiares y el público en general tengan el mayor acceso que permita la ley a la información sobre estas investigaciones.
jadf
