En más de una década de estar vigente la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, los funcionarios públicos han sido sancionados en sólo nueve ocasiones por negarse a entregar información, de acuerdo con datos proporcionados por el mismo Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).
En diez años, de 2004 a 2014, el IFAI ordenó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) sanciones contra servidores públicos en al menos 77 ocasiones. En 68 casos no prosperaron las amonestaciones “por falta de elementos”.
De acuerdo con información pública otorgada a este diario el pasado 15 de diciembre de 2014, con el número de folio 0673800194114, el IFAI respondió que no tiene la capacidad de sancionar a servidores públicos pues la normatividad ordena que sea la Secretaría de la Función Pública (SFP) la que sancione a quien no entregue información.
“El IFAI no denuncia a servidores públicos en específico, sino que denuncia el acto de incumplimiento de la dependencia o entidad de que se trate y es la Secretaría de la Función Pública la que realiza la investigación correspondiente”, detalló en su respuesta el IFAI.
La información reveló que fue durante los sexenios panistas, y especialmente durante el gobierno del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa , cuando se incrementó el número de negativas que concluyeron con una solicitud por parte del IFAI para que la Función Pública sancionara al funcionario en cuestión.
La principal dependencia del gobierno federal que encabeza la lista de funcionarios sancionados es la Procuraduría General de la República (PGR) durante los sexenios panistas, la cual acumuló 41 expedientes en su contra.
Una de las primeras solicitudes que provocó la amonestación contra los funcionarios públicos fue en 2004, cuando la PGR a cargo del entonces procurador Rafael Macedo de la Concha , se negó a entregar datos estadísticos sobre testigos protegidos.
Pero la información que negó la PGR es diversa: el número de casas de seguridad; cuánto se gastan en manutención de testigos protegidos, como información reservada. La averiguación previa derivada de los hechos ocurridos en “El Charco”, municipio de Ayutla, Guerrero, es información que aún sigue sin entregarse.
Otra averiguación previa relevante es la solicitada con relación al conflicto entre la Comisión Federal Electoral, Televisa y Producciones Ruiz Healy.
En ese primer año de sanciones documentadas (2004), el IFAI ordenó que se impusiera un castigo en contra de las negativas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a dos más del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a dos de la Secretaría de Gobernación y a uno más a cargo de la de Secretaría de Educación Pública (SEP).
El actual órgano de transparencia, junto con organizaciones de la sociedad civil, impulsa una Ley General de Transparencia que permita otorgar información a los ciudadanos que pidan datos que tienen que ver con partidos políticos y sindicatos, así como de fideicomisos cuyo origen sea de recursos públicos.
La reforma reglamentaria se encuentra pendiente de aprobar en el Congreso de la Unión y por ello el IFAI se reunió ayer lunes con los senadores que se encargarán de ser la primera Cámara que dictamine en la materia.
Sistema que no funciona
Si de por sí el número de denuncias presentadas por el instituto ha sido bajo, el número de sancionados efectivos ha sido dramáticamente menor: 9 funcionarios en 10 años han sido sancionados. El resto sigue en proceso o faltaron elementos para que hubiera una consecuencia.
Gabriela Morales
, Coordinadora Nacional de México Infórmate afirmó que en la actualidad la Ley General de Transparencia —a discusión en el Senado de la República— ha causado varios ruidos con relación a las sanciones.
“Pero estamos hablando de dos temas distintos. Una es la discusión con relación al artículo 208 de la Ley General de Transparencia, que dice que se aplicará sanciones a funcionarios públicos de los órganos garantes cuando la información que entreguen cause un daño o perjuicio a sujetos obligados. Eso es grave porque es un desincentivo para que los funcionarios abran información”, dijo.
Al respecto, el IFAI manifiesta su preocupación sobre este tema, explicó.
“En cuanto a sanciones, ellos observan ¿Quién debe ejecutar las sanciones? ¿Debe ser un órgano indirecto? ¿O el mismo IFAI? Hay posturas divididas. Pero lo grave es que en el Senado pretenden eliminar la tipificación de las sanciones cuando se reserva la información o cuando se declara inexistente de manera injustificada. Esto hace inoperante cualquier tipo de sanciones porque no tendrán efecto”, resaltó.
En cuanto a quién debe aplicar las sanciones, Morales explicó que están divididos porque algunos comisionados consideran que el IFAI puede llevar a cabo la investigación. Hay otra parte que dice que esto no puede ser posible por la carga de trabajo que genera.
“En el mundo ideal es que las sanciones estén tipificadas cuando se cierre la información. Lo importante es recuperar la iniciativa del 2 de diciembre de 2014, eliminar las propuestas regresivas, porque sí se busca fortalecer un modelo”, concluyó Gabriela Morales, Coordinadora Nacional de México Infórmate.
Nuevo modus operandi
Las dependencias del gobierno federal han adquirido un nuevo modus operandi a través de los años. Funcionarios del propio instituto han detectado e incluso denunciado nuevas formas de evitar la entrega de información pública, aletargar la entrega o no documentar las negativas con tan sólo un click.
La Administración Pública Federal y sus más de 243 dependencias buscan recovecos en la actual Ley Federal de Transparencia para retrasar, en algunos casos específicos, la entrega de información pública.
A EL UNIVERSAL le ha tocado vivir en más de una ocasión este tipo de situaciones.
Por ejemplo, en algunos casos servidores públicos buscan la manera de evitar que el sistema de Infomex (plataforma del IFAI donde se gestionan las solicitudes de información pública) capte la demora en las respuestas que otorga el gobierno federal.
Tal fue el caso de Cofepris, dependencia que debió responder a este diario con una solicitud de información presentada en 2012, sobre unos contratos. La respuesta llegó un año después y gracias a la intervención del órgano garante.
Sin embargo, la respuesta no fue a través de Infomex, sino vía correo electrónico.
De igual forma ocurrió con la Secretaría de la Función Pública en la solicitud 0002700149114, o la Secretaría de Desarrollo Social, con la solicitud 0002000172614.
Este último caso es de especial atención, pues la dependencia pidió en varias ocasiones se hiciera el pago de derechos (cobro de la información) pero no envió el formato vía Infomex y tardó en enviarlo vía correo electrónico.
Al modificarse la forma de entrega de la información, el usuario pierde tiempo.
Los videos de Colosio
En 2011, EL UNIVERSAL solicitó copia de los videos que hubiera recopilado la PGR, relativos al asesinatos del ex candidato presidencial del PRI Luis Donando Colosio . Se negó por considerar que era información reservada. La solicitud terminó ante el IFAI y después se resolvió en favor. Sin embargo, la PGR admitió la entrega de la información un año después.
Otras solicitudes, como la averiguación previa de la masacre en “El Charco”, fue también clasificada como reservada. El IFAI ordenó de igual manera la entrega de la documentación.
Se solicitaron los documentos que informaran por parte del Sistema de Administración Tributaria (SAT) la relación de personas físicas o morales de la condonación de créditos fiscales. Más de una organización y más de un periodista lo ha solicitado. Tampoco se ha entregado la documentación, a pesar de que el IFAI ha ordenado su entrega.
El Lear Jet de Mouriño
Otro tipo de información que se reservó durante años, a pesar de que el mismo IFAI ordenó su entrega, fue la relacionada al Lear Jet 45 en el que falleció el panista Juan Camilo Mouriño en la ciudad de México, entonces secretario de Gobernación, en 2008.
La dependencia a la que se le solicitaron diversos documentos fue al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
El IFAI ordenó se sancionara la negativa por no entregar documentos en al menos cinco ocasiones. Los expedientes clasificados se reportaban desde 2009.
