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alberto.morales@eluniversal.com.mx
El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) presentó ante jueces de Distrito en materia administrativa dos amparos en contra de diversos estados por incumplir el plazo para la instalación de sus sistemas locales anticorrupción y varias disposiciones de las Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
El pasado 19 de julio venció el plazo legal para que las entidades aprobaran reformas a su Constitución, leyes locales y que estuvieran instalados sus sistemas locales anticorrupción, pero prácticamente la mayoría de las entidades fallaron.
Por ejemplo, Veracruz, Baja California y Chihuahua ni siquiera han hecho las modificaciones respectivas a su Constitución local.
En conferencia de prensa, la presidenta de CPC, Jacqueline Peschard, explicó que las medidas cautelares también van contra las leyes en la materia de la Ciudad de México, Tlaxcala y Baja California, que en ciertas disposiciones no se apegan a los conceptos de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
“El primer amparo tiene por objeto que un juez federal obligue a los estados que incumplieron con reformar sus respectivos marcos jurídicos para adecuarlos con la Constitución federal y con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
“Este juicio de amparo solicita al juez que ordene a los comités coordinadores de los sistemas locales que se ajusten a las reglas que están establecidas en la Constitución, respecto a quienes son los que integran los comités coordinadores y que haya siete miembros como espejo de lo que sucede en el ámbito federal”, dijo.
La ex titular del IFAI expresó que hay entidades que han incorporado a miembros adicionales en los comités coordinadores, lo que hace que la representación ciudadana disminuya y en lugar de ser de 14.8%, es decir, una séptima parte, sea una octava o novena parte.
“Lo que pedimos es que el juez federal le pida a los estados que actúen en correspondencia en sus normativas, que los comités coordinadores no tengan funcionarios adicionales, pero también que se establezca cómo se van a enlazar los sistemas locales de fiscalización con los sistemas locales anticorrupción y cómo se van a enlazar las bases de datos de los estados con la Plataforma Nacional Digital”.
Recordó que desde junio pasado enviaron una serie de misivas a los gobiernos estatales para invitarlos a realizar sus reformas constitucionales y legales para que estuviera listo todo el sistema y sólo seis respondieron.
El doctor Luis Manuel Pérez de Acha, integrante del CPC, aseguró que en el segundo amparo se solicitó al juez que se corrijan algunas “irregularidades” en las leyes locales de responsabilidades administrativas de los servidores públicos que no corresponden con la ley general, en la que se estipulan con claridad cuáles son las faltas administrativas graves.
Pérez de Acha destacó que ante la falta de recursos humanos, no pueden “administrar” todas las incidencias que se están presentando a nivel nacional, por lo que están proponiendo una alternativa a los comités de participación ciudadana y organizaciones de la sociedad civil para que emprendan su propio camino.
Señaló que en algunos estados los sistemas locales de fiscalización omitieron regular cómo se enlazarán con el Sistema Nacional de Fiscalización, como Chiapas, Durango y Jalisco.
Entre los aspectos que más preocupan al CCP señaló que 22 entidades no han destinado recursos al funcionamiento de sus sistemas anticorrupción y hay estados que han establecido sus propios formatos de declaración patrimonial y de interés.
