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El robo de hidrocarburos y la portación y acopio de armas deben ser incluidos en el catálogo de delitos graves que merecen prisión preventiva de oficio en el nuevo sistema de justicia. “No hay que tener miedo a actualizar y hacer ajustes al Nuevo Sistema de Justicia Penal, todos los sistemas se actualizan, evolucionan para que respondan a la realidad para que sean eficaces”, afirmó el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Álvaro Vizcaíno.
Detalló que en los últimos cinco años los delitos cometidos con armas de fuego se han incrementado 12%. Añadió que seguramente en 2008, cuando se estableció el catálogo de delitos graves en la reforma penal de ese año, se pensó como una especie de candado a la prisión por delitos menores. “El catálogo es necesario, hoy es indispensable”, dijo el funcionario.
Desde hace 20 años que se realiza el registro de incidencia delictiva en el país, los homicidios dolosos cometidos con armas han aumentado 400%, por ello consideró que su acopio y portación debe merecer prisión preventiva de oficio.
Sobre el robo de hidrocarburos, destacó que al tratarse de un delito cuyo impacto financiero es alto y su combate deriva en que quienes lo cometen migren a otro tipo de conductas delictivas, se hace necesaria su inclusión en el catálogo.
“Se estima que el monto anual de pérdidas por robo de hidrocarburos; es decir, de ganancias para quienes lo cometen, es de 20 mil millones de pesos”, señaló.
Para el funcionario “es importante que en el caso de acopio y portación de armas, que son un tema transversal a la comisión de cualquier delito y en el robo de hidrocarburos, el Congreso considere la posibilidad de que merezcan prisión preventiva como medida cautelar hasta en tanto se fortalezcan las unidades de medidas cautelares de todo el país”.
A pesar de que desde el mes pasado se creó la Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, Vizcaíno informó que los estados aún enfrentan deficiencias en sus Unidades de Medidas Cautelares (UMECAS).
Según la reforma penal de 2008, la Unidad de Seguimiento debe trabajar en coordinación con los estados, a través de las UMECAS, para concentrar la información sobre el riesgo que representa un imputado para que solicita continuar con su proceso en libertad.
