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En las últimas semanas, las autoridades iniciaron una campaña de desprestigio del sistema de justicia penal, así como de estigmatización sistemática hacia las personas privadas de la libertad con el único fin de fomentar miedo y eludir responsabilidades.
Su ecuación es sencilla: Las cárceles son un nido de delincuencia y personas desadaptadas y violentas. Las paredes de las prisiones serían entonces lo único que nos protege de ellas, por lo que se dice que los ataques al debido proceso y la dignidad humana son un precio mínimo que pagar por la seguridad de la ciudadanía.
La semana pasada se publicó la primera Encuesta Nacional a Población Privada de Libertad (Enpol), innovación de la Ley Nacional de Ejecución Penal que tiene el fin generar información estadística sobre las características de la población penitenciaria y sus condiciones de procesamiento e internamiento.
La Enpol reveló que más de 50% de la población penitenciaria tiene menos de 35 años y 83% tiene hijos menores de edad. 66% trabajaba en oficios de bajo ingreso, tales como comercio informal, artesanías, transporte o actividades agrícolas; menos de 2% se dedicaba a actividades ilegales. 71% sólo terminó la educación básica; 42% tuvo que dejar de estudiar porque empezó a trabajar, y otro 20% porque no tenía dinero.
Por otra parte, resulta impactante analizar las cifras de delitos imputados a estas personas: 88% se encuentra en la cárcel por algún tipo de robo y menos de 10% por portación ilegal de armas. Finalmente, 73% no tenían antecedentes penales en el momento de su detención.
La encuesta deja ver que en la cárcel, más que delincuentes de alta peligrosidad, hay personas de bajos recursos que vienen de contextos precarizados y que están ahí, no por delitos violentos, sino por robo, y, sin embargo, a pesar de que no representan un riesgo comprobable a la sociedad, están en prisión, expuestas a la violencia y la muerte.
La violencia en el sistema penitenciario es generalizada y comienza desde el momento de la detención. De acuerdo con la Enpol, en 57.8% de los casos la autoridad usó la fuerza física para someter, esto aunque más de 80% de las personas detenidas no se resisten al arresto.
La Encuesta del Inegi no da luz sobre la situación de las mujeres privadas de la libertad, pero un estudio hecho en 2016 por Amnistía Internacional, mostró que de 100 mujeres detenidas entrevistadas, 72 afirmaron haber sufrido violencia sexual al momento de su detención; 97 sufrieron violencia física y todas fueron víctimas de violencia sicológica.
Una vez en prisión, estas personas tienen en riesgo su vida, tan sólo en el primer semestre de 2017, las estadísticas de Documenta revelaron que, en promedio, hay una muerte en custodia cada 24 horas.
El sistema penitenciario es el último eslabón de una cadena de violencia institucional que impacta de forma desproporcionada a los grupos más vulnerables. Para detener esta fábrica de violencia y muerte, necesitamos un sistema de ejecución que promueva un modelo de prisión con ley, y un Poder Judicial que tome sus responsabilidades en el asunto.
No queremos más pretextos o retrocesos de parte de las autoridades, necesitamos voluntad política para fortalecer un sistema de justicia que garantice el debido proceso y respete los derechos de las víctimas e imputadas.
Coordinadora del Programa de Sistema Penitenciario
y Reinserción Social de la organización
Documenta
