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Actualmente, 41.5% de las personas que se encuentran en la cárcel fueron sustraídas de un lugar o arrestadas en la calle sin presentarles la orden de aprehensión correspondiente, y más de 60% sufrió algún tipo de agresión física o sicológica al momento de su aprehensión, revela la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) 2016 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi).
Esta encuesta, la primera de su tipo en el país, fue aplicada a 64 mil 150 internos de 338 centros penitenciarios federales y locales. Las respuestas revelan que en la mayoría de las detenciones, tres de cada 10 internos sufrió violencia sicológica: se les mantuvo incomunicados o aislados, se les amenazó con inventarles cargos, o con lastimar a sus familias, entre otras; mientras que 63.8% sufrió algún tipo de agresión física: patadas, golpes, descargas eléctricas e incluso agresiones de índole sexual.
Aunque 62.6% rindió su declaración en el Ministerio Público, casi la mitad reportó que fue presionada por las autoridades para dar otra versión de los hechos y 47.5% se declaró culpable pero en condiciones de agresión física, presiones, por recomendación de su abogado o de personal del propio MP.
“Si lo tuviéramos que poner en el otro lado, diríamos que la mitad de la población está en situación de prisión sin haberse declarado culpable”, señaló Adrián Franco Barrios, director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia, en conferencia de prensa.
Estas violaciones podrían generar condiciones para “tirar” los casos de las personas que están llevando a cabo su proceso después de la entrada en vigor del nuevo Sistema Penal Acusatorio, explicó Rafael Estrada Michel, experto constitucionalista, director del posgrado en Derecho de la Universidad Panamericana y ex director del Inacipe.
“Es una mala noticia que la autoridad no esté siendo lo suficientemente cuidadosa para evitar que se cometan violaciones al proceso”, dijo.
Para Estrada Michel lo más grave que reveló esta encuesta es que 70.1% de los internos en penales federales y estatales tenía dictada sentencia y 29.6% son esperan sentencia; de estos últimos, casi cuatro de cada diez, 43.4%, han esperado más de dos años. El problema es que continúen mezclados, puesto que ello contribuye a que las cárceles se conviertan en “auténticas universidades del crimen”.
Jorge Alberto Lara Rivera, académico de la UP y ex subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, destacó en entrevista con El Gran Diario de México que el nuevo Sistema Penal Acusatorio y la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura podrían llevar a la anulación de todas las pruebas incriminantes obtenidas por medio de tortura o violaciones al proceso como un arresto sin contar con orden de aprehensión.
“Es muy preocupante que persistan los casos de tortura, las detenciones ilícitas. Si un caso depende de una confesión o pruebas que derivan de una confesión obtenida por tortura, todas esas pruebas, por más importantes que sean, tendrán que ser anuladas”, dijo.
Para Maïssa Hubert Chakour, coordinadora del Programa del sistema penitenciario y reinserción social de la organización Documenta Análisis y Acción para la Justicia Social AC, la encuesta mostró una “ausencia total de perspectiva de género”; se dijo preocupada por la “degradación” de los derechos humanos de los internos; y que la pobreza alimente las cárceles.
Corrupción e impunidad. Desde el momento de su arresto y por el tiempo que permanecen encarcelados, los internos se ven obligados a pagar cuotas: 39.3% de la población penitenciaria fue víctima de actos de corrupción; y una vez dentro de la cárcel, necesitan pagar cuotas para satisfacer sus necesidades básicas.
Dentro de la cárcel, se detectó que los internos pagan cuotas por hasta 18 rubros como exentar el pase de lista, tener aparatos eléctricos en las celdas o usar el baño. En 87.4% de los casos el dinero se les entrega a los custodios.
