Más Información
Acorde al Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, la Secretaría de la Defensa Nacional ( Sedena ) contará a partir de mañana con una Fiscalía General de Justicia Militar que tendrá la facultad de proponer los proyectos de iniciativas de ley o de reformas legislativas en la materia.
Lo anterior se establece en el manual de organización publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), documento que menciona que se contará con una defensoría de oficio militar que brindará asesoría jurídica al personal militar desde el momento de su detención.
Establece que el Tribunal Superior Militar conocerá casos tanto del sistema penal tradicional como del Nuevo Sistema Penal Acusatorio .
Entre las atribuciones de la Fiscalía General de Justicia Militar será la de expedir los nombramientos de los Fiscales, Coordinadores, Agentes del Ministerio Público y demás funcionarios de la Fiscalía General, así como reasignarlos a las distintas áreas, conforme lo requieran las necesidades del servicio, para el debido cumplimiento de las funciones de la institución.
Coordinar con la Secretaría de Marina la designación de personal del Servicio de Justicia Naval Licenciados en Derecho y de apoyo, a fin de que presten sus servicios en la Fiscalía General.
Otro punto importante es fomentar entre los servidores públicos de la Institución una cultura de respeto a los derechos humanos; establecer disposiciones para la atención de solicitudes de información conforme a la normativa de la materia, visitas y quejas en materia de derechos humanos.
Colaborará con otras Instituciones para la atención de requerimientos relacionados con el respeto a los derechos humanos y emitirá las disposiciones para la atención la de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como dar cumplimiento a las de organismos internacionales de protección de derechos humanos, reconocidos por el Estado Mexicano.
Respecto a la Defensoría de oficio militara, el manual de organización indica que vigilará que se respeten las garantías individuales en todas y cada una de las etapas del procedimiento penal.
“Vigilar la aplicación del principio de legalidad en la prosecución del procedimiento penal hasta la etapa de ejecución de la sentencia; interponer en tiempo y forma los recursos procedentes, así como promover el juicio de amparo cuando se violen las garantías de los reos, y defender a éstos cuando lo soliciten ante los tribunales del orden común o federal”, señala.
ahc
