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Las expresiones de violencia en contra de los niños y adolescentes en México son muy “graves y dolorosas”, pero ello no parece despertar la “alarma social”, aseguró Ricardo Bucio Mújica, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).
El funcionario aseguró que a partir del diagnóstico que se tiene y para cumplir con las obligación asumida a nivel internacional para enfrentar situaciones como el abuso físico, emocional, la trata, la tortura, el castigo, el acoso escolar y el que se da en internet, la Secretaría de Gobernación presentará el próximo miércoles el Plan Nacional de Acción para poner fin a esa diversidad de formas de violencia y se hará en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), organismos internacionales, sector empresarial, de la sociedad civil y académica del país.
Adelantó que el plan tiene siete estrategias con distintas líneas de acción y por cada punto se está haciendo una descripción de las metas a alcanzar para combatir la violencia de fondo y disminuir sus índices, hasta “desnormalizarla”.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Bucio Mujica señaló que en el país no existe un lugar que esté libre de la violencia a niños y adolescentes. De hecho, enumeró aquellos municipios focalizados por el tipo de violencia que se presentan con mayor incidencia. En el caso de embarazo adolescente e infantil: están Ciudad Juárez, en Chihuahua; el municipio de Aguascalientes, Puebla; la capital de Durango y la ciudad de San Luis Potosí.
En cuanto a la desaparición de adolescentes, destacan Tamaulipas, el Estado de México, Guanajuato, Michoacán y Chihuahua, “vinculada a la violencia producida por el crimen organizado”.
Por lo que hace al turismo sexual infantil, la mayor incidencia se presenta en los principales destinos de playa: Cancún, Acapulco, Puerto Vallarta y Los Cabos, por lo que las acciones a desarrollar deben asumirse en colaboración con los tres órdenes de gobierno e involucar a la sociedad civil.
Se requiere presupuesto
El presupuesto y la infraestructura para la protección de los más de 40 millones de niños y adolescentes que hay en el país es insuficiente, por lo que se requiere de una partida específica para la atención de este sector de, al menos, 2 mil millones de pesos, afirmó.
Resaltó que cada estado debe destinar, por lo menos, 70 millones de pesos para la protección de su población infantil. El funcionario aseguró que de los 32 estados de la República, sólo Coahuila cuenta con un mecanismo de protección especial para la infancia, que opera en toda la entidad, tiene una procuraduría de atención infantil que forma parte del gabinete de seguridad, su propia Policía de Búsqueda e Investigación, así como su fiscalía y Ministerio Público con abogados especializados en la defensa de los niños y adolescentes.
Previo a la presentación de la alianza, que México suscribió el año pasado, Bucio dijo que tiene como objetivo la articulación de acciones gubernamentales, de la sociedad civil, instituciones académicas, así como de la iniciativa privada para generar la corresponsabilidad que cada uno de los sectores de la sociedad tiene en la violencia contra la infancia.
El secretario ejecutivo del Sipinna indicó que la violencia en México tiene expresiones con indicadores complejos, puesto que los menores de edad están expuestos a situaciones violentas en el entorno familiar, la escuela, así como en la vía pública.
Refirió que 63% de los niños entre uno y 14 años dice haber sufrido violencia en el hogar, en el entorno familiar; más de 40% de ellos experimentó violencia física y más de 6% castigo severo y extremo; mientras que en el ámbito de la vía pública, 85% de las niñas y adolescentes dicen sufrir algún tipo de acoso en las calles.
En cuanto al bullying, más de 40% de los estudiantes del país dicen sufrir algún tipo de agresión contra su persona en redes sociales; 50%, violencia verbal y física; y 60% agresiones contra sus cosas en el salón; asimismo, 73% de las adolescentes dicen sufrir algún tipo de violencia, en especial sicológica en el noviazgo.
Los rezagos
¿En qué consiste esta alianza?
—Es una alianza que conjunta a naciones únicas con un grupo de organizaciones de la sociedad civil internacionales y con un grupo de agencias de la ONU, como UNICEF y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta alianza la suscribió México el año pasado. Es una coparticipación que se va a ir ampliando con gobiernos, instituciones gubernamentales de distinto tipo y en distintos órdenes de gobierno, también con la iniciativa privada, instituciones académicas, organizaciones civiles e iglesias.
La violencia en México tiene muchas expresiones, muy graves y dolorosas hacia los niños, las cuales son invisibles, porque no parecen tener una acción fuerte, una acción colectiva ni tampoco una alarma social.
Desde el gobierno, ¿cuáles son las metas que se van a fijar dentro de esta alianza?
—Tiene siete estrategias con distintas líneas de acción y por cada punto se está haciendo una descripción de las metas a alcanzar. Es un plan muy amplio que quiere incidir en ámbitos que son necesarios para combatir de fondo la violencia y no sólo para atenderla, es necesario, pero necesitamos disminuir los índices de violencia hasta desnormalizarla.
¿Cuántos recursos se necesitan para la protección de la infancia?
—Tenemos más de 40 millones de niños, la infraestructura que existe es insuficiente para atenderlos y los recursos públicos también. Creo que para ellos sería bueno que el presupuesto de egresos de la Federación y la corresponsabilidad de la Cámara de Diputados establezca una partida especial para hacer la articulación que deben tener las procuradurías de protección de menores con las procuradurías estatales, con las comisiones de Derechos Humanos, las de atención a víctimas, la policía local, cibernética, dependiendo del tipo de violencia.
Me parece que, por lo menos, el sistema de protección integral debería tener 2 mil millones de pesos.
¿Cuántos recursos va a tener este plan de acción?
—Inicia con los recursos que cada una de las dependencias está poniendo en los sistemas de protección integral, ya existen mil 440 sistemas de protección integral, todos tienen presupuesto, pagamos por municipios, los gobiernos estatales y la federación, tenemos secretarías en los estados que tienen 20 o 25 millones de pesos para empezar a operar el sistema de protección especial. Hay que reconocer la disponibilidad y la inversión que están haciendo los gobiernos. El presupuesto que ahora existe para los mil 440 sistemas y las mil 123 procuradurías de protección lo han destinado de sus propios recursos los estados y municipios, pero requerimos más para que las acciones se puedan articular adecuadamente.
¿En qué municipios hay mayor violencia contra los niños?
—Tenemos ubicado por tipos de violencia algunas situaciones. Cuando hablamos de embarazo adolescente e infantil entonces podemos suponer que hay casos de violencia sexual. Podemos identificar el municipio de Ciudad Juárez, en Chihuahua; el municipio de Aguascalientes, en Puebla; la capital de Durango y la de San Luis Potosí.
Tenemos municipios donde la desaparición de adolescentes es muy complicada. La que se ha dado a partir de 2006 en el estado de Tamaulipas, el Estado México, Guanajuato, Michoacán y Chihuahua. La violencia producida por el crimen organizado tiene una relación con los desaparecidos.
Los egresos hospitalarios por violencia en menores de edad son muy altos en el Bajío, en la región centro del país es una situación compleja. No podemos decir que hoy hay un municipio en el país que es libre de violencia para los niños, porque también incluso se da la apología de la violencia a través de medios, se da la violencia que puede producir las redes sociales, o se da el ciberdelito, la pornografía infantil, casos de turismo sexual infantil en Cancún, en Acapulco, en Puerto Vallarta, en Los Cabos; dependiendo de las condiciones del país, las condiciones de violencia cambian.
¿Hay un rezago en la protección de la niñez?
—México no hizo el primer paso, que fue la armonización del marco legal cuando ratificó en 1990 la Convención de los Derechos del Niño, se hizo hasta 2014 con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Sí, llegamos tarde, pero llegamos con una buena ley, potente, que articula a muchas dependencias de los tres poderes de gobierno, y que da mucha posibilidad de acción, llegamos muy tarde pero con la mejor ley de la región y estamos avanzando muy rápido.
¿Es reversible la violencia en contra de los menores de edad?
—Es reversible el hecho de que una sociedad tenga una aceptación y unos mecanismos culturales que permiten la violencia. Se requiere voluntad estratégica, metodología, la violencia que viven niños, niñas y adolescentes es en parte reversible, si hay los mecanismos de atención adecuada.
