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Los ataques a los periodistas tanto del crimen organizado como de la clase política dañan a la democracia, por lo que el Estado debe de garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa, coincidieron especialistas.
Para distintos analistas y expertos en temas de política y de medios de comunicación, los periodistas se encuentran entre dos fuegos: las balas del crimen organizado y las “balas” que representan los amagos y amenazas de los funcionarios públicos.
La Encuesta Nacional de Periodistas (Worlds of Journalism Study, México Chapter), aplicada a 377 periodistas de todo el país, reveló que cuatro de cada 10 amenazas que recibieron los periodistas en México vinieron del crimen organizado y tres de cada 10 vienen de políticos.
Mireya Márquez, coordinadora de la maestría en Comunicación de la Universidad Iberoamericana, dio a conocer que en la encuesta que hizo en conjunto con la investigadora Sallie Hughes de la Universidad de Miami, se encontró que las amenazas de políticos a los periodistas casi alcanzaron en porcentaje a los amagos o intimidaciones que les hacen a los comunicadores los integrantes del crimen organizado o del narcotráfico.
“No podemos negar el papel que tiene el Estado en no salvaguardar el derecho a la información de los ciudadanos, coartar la libertad de expresión, pero además vulnerar los derechos”, dijo la académica Márquez.
Investigadores de la UAM, del Tec de Monterrey, de la UNAM y la Iberoamericana consultados por EL UNIVERSAL advirtieron que los medios de comunicación se encuentran en un momento en el que la crítica y el análisis permanecen “arrinconados”, con ejemplos a nivel internacional, como la política del pensamiento único que busca imponer el presidente estadounidense Donald Trump o los señalamientos de figuras políticas como Andrés Manuel López Obrador y algunos gobernadores contra la prensa en México.
Destacaron que quienes realizan un periodismo de investigación crítico reciben agresiones tanto de grupos criminales, como de la clase política, lo cual afecta al sistema democrático.
Los analistas consideran las descalificaciones de los políticos como un tema “grave”, que lleva al autoritarismo y que erosiona la democracia. Agregan que los políticos no entienden que el periodismo es una institución importantísima para la democracia, y la crítica les sirve para desempeñar mejor la labor para la que fueron electos.
Ante este tipo de agresiones, los especialistas sugieren la unión de todo el gremio periodístico, romper con la dependencia que se tiene con la publicidad gubernamental y responder a los políticos con más periodismo sustentado, que sea inevitable de refutar por parte de los funcionarios.
Para Javier Esteinou Madrid, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Xochimilco, la libertad de expresión atraviesa un “retroceso” en el que a pesar del rápido desarrollo de las tecnologías de la información y la existencia de diferentes partidos políticos se busca entrar a un esquema “del pensamiento único”, en lugar de permitir la pluralidad de voces, a fin de tener una sociedad más equilibrada.
“En el caso de México lo más alarmante, cien veces más grave que lo que está ocurriendo con Donald Trump, es la agresión que se ha efectuado contra los periodistas que realizan una labor política en el país, a partir de estos grupos criminales o de poder que no quieren que se expongan sus intereses mediante las investigaciones críticas. Eso es lo que más está dañando hoy día a la democracia más allá del caso del Bronco o de Trump. Está arrinconado el análisis y la critica, la libertad de opinión, la libertad de pensamiento, a partir de todos estos eventos que han estado arrinconando un derecho constitucional sin el cual no se puede tener una sociedad moderna, libre y avanzada”, dijo.
María Elena Meneses, investigadora de medios del Instituto Tecnológico de Monterrey, explicó que las actitudes de los gobernadores como Jaime Rodríguez El Bronco; de Javier Corral o del alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, o la del aspirante presidencial, Andrés Manuel López Obrador de deslegitimar a los medios de comunicación son signos de autoritarismo y sería un retroceso porque se podría estar arrasando la democracia y sus instituciones.
“No es un fenómeno nuevo, de pronto hemos visto cómo se dan una serie de descalificaciones a los periodistas y a los medios por parte de actores políticos, independientemente del partido, porque ni siquiera son políticos de un partido o filiación, prácticamente de todo el espectro político y esto es sumamente grave porque favorece, sin duda alguna, el autoritarismo y erosiona la vida democrática”, describió.
Manuel Alejandro Guerrero Muñoz, investigador de la Universidad Iberoamericana, destacó que es “muy grave” que los propios periodistas identifiquen a funcionarios públicos como sus principales agresores.
“Los periodistas y los reporteros en México están concientes de que su principal agresor son los propios servidores públicos, las fuerzas del orden, no necesariamente el crimen organizado; sin embargo, me sorprende que se siga reproduciendo la narrativa oficial [de] que el crimen organizado es el principal perpetrador de la violencia contra el periodismo en México, lo cual le hace el ‘caldo gordo’ a la impunidad”, apuntó.
Ante alguna situación de peligro, 74% de los periodistas busca ayuda de familiares, amigos y colegas; en tanto que sólo 19% busca a la autoridad federal y 15% recurre a la fiscalía especializada y al mecanismo de protección, dijo.
Para Roberto Duque, investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), personajes como el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez El Bronco, y el dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, muestran sus “apetitos autoritarios” al hacer señalamientos contra los medios de comunicación lo cual representa “claros ataques a la libertad de prensa y de expresión”.
