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La Procuraduría General de la República (PGR), por medio de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, solicitó de manera formal al gobierno de Panamá la extradición del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, al acusarlo por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado, además de aprovechamiento ilícito y ejercicio indebido de la función pública.
El gobierno de México hizo la solicitud a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE): “Dicha petición corresponde a cuatro causas penales, la primera del fuero federal, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y las tres restantes por causas del fuero común, por lo que hace a los delitos de peculado, aprovechamiento ilícito y ejercicio indebido de la función pública”, informó la PGR.
Borge Angulo fue detenido el 4 de junio por elementos de la Interpol en coordinación con la PGR, por la venta irregular de terrenos patrimonio del estado a presuntos prestanombres.
La carpeta de investigación que abrió la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) es por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La PGR aseguró como medida precautoria 25 inmuebles.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá dijo a EL UNIVERSAL que la embajada mexicana le entregó el pasado lunes por la mañana la documentación con las pruebas para sustentar la extradición de Borge.
“La petición se formalizó”, confirmó la cancillería panameña y aclaró que en el gobierno de Panamá “sólo somos un canal” para darle continuidad al proceso, sin ejercer ningún tipo de intervención en el fondo del caso judicial sobre Borge Angulo, detenido en el aeropuerto internacional Tocumen, en la capital de esa nación.
El gobierno de México fue notificado el 6 de junio por Panamá de que disponía de 60 días para presentar la solicitud formal de extradición, cumplió el trámite en 46 días.
“Hemos trasladado la documentación al Poder Judicial de Panamá, donde México tiene que gestionar todo lo demás. Nuestra obligación es únicamente de servir de canal” entre el gobierno que pide la extradición, y las autoridades judiciales panameñas, que deben resolver si la conceden o la rechazan, precisó el ministerio.
La gestión judicial sobre Borge, de 37 años, deberá proseguir en el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Circuito Judicial de Panamá, ante el cual Borge, en una comparecencia el pasado 6 de junio, rechazó ser extraditado a México.
En una audiencia que debe ser convocada por el tribunal, con un procedimiento sujeto al Tratado de Extradición que rige desde diciembre de 2007 entre México y Panamá, las partes —Borge y su defensa y los representantes del Ministerio Público de Panamá— debatirán en esa dependencia judicial sobre las pruebas aportadas por el gobierno mexicano.
Borge deberá responder en esa oportunidad al Tribunal si acepta o rechaza ser extraditado. Si se allana, quedará a la orden de la cancillería de Panamá para que lo entregue a México.
