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Desde marzo hasta junio de este año, la Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo los documentos con los cuales pudo integrar la red de desvíos de recursos públicos en salud, desarrollo social, educación y de las Oficinas del Gobierno de Veracruz, por mil 670 millones de pesos que Javier Duarte habría canalizado a cuatro “empresas de papel, puesto que no tienen empleados, no prestan ningún servicio y únicamente reciben los depósitos de dinero”, aseguró el fiscal Pedro Guevara.
Informó que el pasado lunes la PGR solicitó la intervención de las autoridades suizas para conocer si existen bienes y cuentas bancarias a nombre del ex mandatario. El titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Israel Lira Salas, expuso que se desviaron mil 670 millones de pesos en cuatro dependencias. Explicó que las cuentas a nombre de las secretarías de Educación, Desarrollo Social, Salud y de Servicios Diversos depositaron a cuatro empresas.
Las compañías serían Solaris, Diseños Arquitectónicos Melvan, Agatone Advisory y Farmacia de Genéricos, que fueron identificadas por la procuraduría como parte de las entidades que el ex gobernador ordenó crear para blanquear los recursos. Las empresas enviaron 194.1 millones de pesos a 27 entidades más identificadas como fondeadoras de segundo nivel, como Grupo Constructors Erfut, Inmobiliaria Famta, Solaria, Evolución de Diseño ARG y Veikko Comercializadora.
Según el recuento realizado por el titular de la SEIDO, los organismos “recibían transferencias de 308 entidades más por 3 mil 148 millones de pesos y, a su vez, traspasaron 508.7 millones de pesos a las identificadas como fondeadoras de primer nivel”.
De los 3 mil 148 millones y las transferencias por 508.7 millones de pesos, Lira Salas no afirmó que en su totalidad provengan de recursos públicos, sino que destacó que algunas cantidades, sin especificar, “fueron obtenidas por parte de empresas que obtuvieron contratos con el gobierno de Veracruz, cuyos servicios nunca se realizaron”.
Del grupo de fondeadoras de primer nivel, la PGR señaló que se conforma por 11 empresas, entre las que destacó Derma Inmobiliaria, Benpha, Sakmet Inmobiliaria, Laaedifica México, Agatone y Melvan; las últimas recibieron recursos directamente de la administración de Veracruz. Ese equipo transfirió 511 millones de pesos a Brades y Terra, quienes realizaron transferencias directas a Moisés Mansur, Alfonso Ortega López, Rafael Gerardo Rosas Bocardo y José N por la compra de parcelas ejidales por 351 millones 169 mil 611 pesos.
Los terrenos se encuentran en Campeche. La PGR tiene como hipótesis que serían utilizadas para erigir en un futuro algún complejo turístico. Según los documentos presentados por la procuraduría, los pagos se dividieron en la compra de cinco espacios a Mansur por 253 millones 300 mil 963 pesos. A Ortega López le fueron depositados 240 millones 762 mil 560 pesos por la compra de 150 hectáreas en cuatro parcelas; a Rosas Bocardo le dieron 1 millón 200 mil pesos por cinco ejidos, que suman 89 hectáreas, y a José N le compraron tres campos, en 90 hectáreas, por 700 mil pesos. La totalidad de los pagos sumaría 499 millones 963 mil 523 pesos.
Congelan cuentas. Lira Salas informó que la cantidad no alcanzó a cubrirse en su totalidad debido a que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público congeló las cuentas bancarias. “Brades y Mansur tenían como representante legal y fiscal a Javier Nava Soria, con quien simulaban las compras de las parcelas para justificar el incremento en sus ingresos a pesar de que en realidad los recursos eran producto del lavado de dinero”, dijo.
Destacó que Nadia Arzate Peralta, propietaria de Brades junto con su hermana Elia, estaba registrada en la nómina de empleados de la Secretaría de Finanzas de Veracruz donde supuestamente trabajó de 2011 a 2013, tiempo en el que ganó 507 mil 804 pesos.
Mensualmente percibía 10 mil pesos, por lo que sus ingresos no concuerdan con las compras que realizó por millones de pesos a través de Brades, puesto que su hermana Elia se dedicaba a atender un local. Una de las pruebas es la declaración de José N, del 28 de marzo pasado, en la que describió que Duarte intentó contratar una empresa de facturación para comprobar fiscalmente los depósitos bancarios a sus empresas fachada como pagos de contrataciones públicas.
Por errores de la empresa no fue posible comprobar 350 millones de pesos inyectados a Terra y Brades, por lo que Duarte informó a José N que ordenó desaparecer de los registros del gobierno del estado las transferencias efectuadas. José N exhibió documentos en los que relacionó las operaciones de la gestión con las empresas fachadas.
