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La reinserción social en México “es un fracaso” que se refleja en los altos índices de reincidencia delictiva, los cuales son de 60%, por lo que urge replantear el sistema, aseguró Ignacio Rubí Salazar, subsecretario de Previsión Social de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Afirmó que aunque la integración de los ex presos a la sociedad es una obligación del Estado, no se logra.
“El artículo 18 constitucional establece que se debe lograr por la vía de la capacitación para el trabajo u otro tipo de actividades, ¿por qué hago esta afirmación? Por los altos índices de reincidencia delictiva.
“El problema es cercano a 60%, según el Órgano Desconcentrado de Prevención y de Reinserción Social, lo que significa que más de la mitad de quienes estuvieron privados de su libertad cumpliendo una pena vuelven a cometer ilícitos”, comentó.
Rubí Salazar consideró que la situación no puede ubicarse “hace 20, 15 o 10 años, es un mal histórico de México”.
Resaltó que desde la secretaría se promovió la incorporación de un apartado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que tiene que ver con el registro, certificación y cancelación de antecedentes para que una vez que la persona haya cumplido con la condena que le fue impuesta, el historial sea cancelado, puesto que “este requerimiento crea un gran estigma y traba laboral”.
El especialista indicó que la única excepción en la que el expediente no se cancela es cuando se trata de delitos graves.
Aseguró que según las estadísticas, “el porcentaje de la población beneficiada es enorme”. Afirmó que ante “grandes males, hay que buscar grandes soluciones”, por lo que aseguró que la secretaría impulsa el programa de Mesas ProLabora, las cuales son un mecanismo de coordinación entre las dependencias y entidades de la administración federal y estatal, organizaciones de la sociedad civil y empresarial para apoyar la capacitación del trabajo, la educación y el abatimiento del rezago educativo al interior de los centros de reinserción social.
“Hemos instalado las mesas en todo el país, en la actual administración, y con la reforma a la Ley Nacional de Ejecución Penal, estos esfuerzos pueden resultar de mucha utilidad para atender con mayor eficacia la reincidencia delictiva en la República”, afirmó Rubí Salazar.
Urgen a crear programas
Especialistas y activistas en materia de seguridad pública consideraron que es urgente que el gobierno mexicano ponga énfasis en atender estos índices y crear programas que impulsen una mejor readaptación a la sociedad a todas aquellas personas que salen de las cárceles, puesto que sus políticas no han funcionado.
Antonio Mazzitelli, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) en México, indicó que a pesar de estar en la prisión, los reos siguen siendo ciudadanos, detentores de derechos, entre los cuales está su garantía al trabajo, que se les debe garantizar para una verdadera función rehabilitadora.
“El preso, una vez que entra a un penal pierde su estatus de ciudadano, algunos derechos de la persona son congelados; sin embargo, es cierto que el reo sigue siendo detentor de garantías y entre ellas se encuentra al trabajo, a la seguridad social y al desarrollo de su personalidad.
“No obstante, las prisiones hoy en día, en su gran mayoría, no cumplen esta función rehabilitadora”, declaró.
Mazzitelli señaló que el gobierno mexicano tiene la responsabilidad de trabajar en un sistema penal y administrativo “que se enfoque en el individuo y en su papel dentro de la sociedad”.
Afirmó que la iniciativa privada cumple una función muy importante en la reinserción laboral de los presos, debido a que con base en experiencias en América Latina,
“las compañías invierten directamente en la educación laboral del reo, ofreciendo oportunidades de trabajo, las cuales, muchas
veces el interno no había encontrado de otra forma”.
Aseguró que se deben crear proyectos efectivos de inclusión laboral dentro de los centros penitenciarios que estén lejos de estereotipos de género, puesto que en la actualidad en los penales mexicanos “la oferta de la formación laboral es extremadamente limitada a trabajos que tienen una fuerte estigmatización de género, para mujeres y hombres. Eso no ofrece una verdadera posibilidad de ser productivo en el mundo laboral”.
Mal diseño
Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro, dijo que los modelos en México no han servido a la sociedad debido a que están mal diseñados.
“Son proyectos poco prácticos e injustos, porque uno de los motivos de meter a una persona a la cárcel es que pueda tener la oportunidad de cambiar su conducta y esto no está siendo así, es decir, no les dan oportunidades de trabajo desde adentro de las cárceles. Eso podría darle sentido a su vida, desarrollar capacidades y no se está haciendo”.
Añadió que los ex presidiarios se encuentran con la problemática de que no tienen oportunidades laborales debido a que en la mayoría de los empleos se sigue pidiendo la carta de antecedentes no penales.
Remarcó que existe “un dejo de falta de confianza en todas las personas que han sido procesadas. Tenemos una gran crisis laboral, pero hablando específicamente de esto, si le dan a un empresario a elegir entre alguien que no tiene historial y alguien que sí, por supuesto que va a elegir a quien no cuente con expediente”.
Estigma
María Elena Morera, directora de Causa en Común, indicó que urge una revisión del sistema penitenciario y un problema paralelo a solucionar es el estigma social, debido a que los empleadores siguen pidiendo la carta de no antecedentes.
“Una persona que estuvo en la cárcel pagó su pena el tiempo que le correspondía; sin embargo, es muy difícil que los acepten en los empleos. “Si cometiste un delito y pagaste por él, ¿qué más tienes que hacer? Esto de alguna manera, los obliga a volver a delinquir”, dijo la activista.
Señaló que lo que se espera ahora del Estado mexicano en este aspecto es una política pública del sistema carcelario, en la que se incluyan acciones reales para la gente que estuvo en la cárcel y que pueda reinsertarse en algún empleo digno.
Aprender en el tiempo de la condena
Morera manifestó que la medida tendría que ver con que mientras cumplen su condena aprendan un oficio, estudien y obtengan “las herramientas suficientes para que puedan tener después una vida productiva, si no hacemos esto, ¿por qué podemos pensar que salgan a hacer algo que no saben?, es totalmente ilógico”, destacó la directora de Causa en Común.
Los riesgos de no actuar en esta materia serán los que pueden verse, afirmó Morera. “La gente que estuvo en la cárcel vuelve a delinquir porque no encuentra trabajo.
“Además, importan los ciudadanos con los que conviven cuando salen de la prisión. Después de años de no ver a sus amigos y a todos sus familiares, se agrupan con quienes estuvieron en los centros de reinserción social”, declaró.
