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El ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa continuará sujeto a proceso por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en el Reclusorio Norte.
Durante la audiencia de vinculación a proceso, que duró más de 12 horas, el juez de control Gerardo Moreno García, del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, señaló que esto no implica una sentencia condenatoria, sino que a su juicio existen indicios suficientes para suponer la participación del ex gobernador en ambos delitos.
La determinación del juez, sobre la cual la defensa informó que apelará, implica que Duarte de Ochoa estará sujeto a juicio y permanecerá en prisión hasta en tanto se le dicte sentencia definitiva, lo que conforme a la ley deberá ocurrir en un tiempo máximo de dos años.
“El Ministerio Público ha destacado datos novedosos que yo no conocí en diligencias anteriores, pero sirven ahora para normar mi decisión.
“Los argumentos y datos de prueba presentados por el Ministerio Público son aptos y bastantes, porque constituyen indicios razonables que permiten suponer su participación en delincuencia organizada, como autor material y operaciones con recursos de procedencia ilícita”, afirmó.
De ser encontrado culpable, el ex mandatario podría enfrentar una pena máxima de 10 años por lavado de dinero y hasta 40 años más por delincuencia organizada.
Durante la diligencia, la Procuraduría General de la República (PGR) incrementó el monto de los desvíos que se imputan al ex gobernador de Veracruz de 580 millones de pesos a mil 670 millones de pesos.
El titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR, Alonso Israel Lira Salas, compareció en la diligencia para exponer a detalle cómo operaba la red de desvíos y lavado de dinero de Javier Duarte.
Durante su exposición, indicó que fue detectado un desvío mediante contrataciones que sumaron mil 670 millones de pesos otorgados por la Secretaría de Educación de Veracruz; Servicios Diversos del gobierno estatal; la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del estado y la Secretaría local de Salud.
Las empresas que recibieron los contratos y los pagos fueron: Solaria, Agatone Advisory, Diseños Arquitecturales Melgar y Farmacias Genéricos, por servicios que nunca fueron realizados, puesto que según la carpeta de investigación, existen indicios de que son entidades fantasma creadas por mandato de Duarte.
Se dijo que la red opera mediante las transferencias de dinero entre otras empresas, con lo que se buscaba principalmente sacar dinero de las arcas del gobierno veracruzano, mediante esas contrataciones e ingresar los pagos al sistema financiero mexicano para blanquear esos recursos.
En total, la procuraduría presentó 82 datos de prueba, entre los que destacan las declaraciones de los integrantes de la red del ex mandatario, dictámenes contables del gobierno veracruzano, informes bancarios de las empresas, contratos de compraventa de muebles e inmuebles.
Previo a la resolución del juez, el abogado Marco Antonio del Toro enumeró las debilidades que él consideró que mostró la procuraduría en la formulación de la imputación, como la incongruencia en las cifras.
Por ello, el encargado de la defensa solicitó al juez que no vinculara a proceso a su cliente.
“La defensa solicita no vincular a proceso al imputado por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por falta de requisitos de procedibilidad, falta de datos de prueba, carencia de formulación de imputación en forma debida y clara, porque no puede haber tal vaguedad en la formulación de una imputación”, señaló Del Toro.
Al escuchar la vinculación a proceso de su cliente, adelantó que apelará la decisión del juez.
En la audiencia inicial los fiscales mencionaron a Moisés Mansur, como uno de los operadores que vendió a sobreprecio parcelas en el ejido de Lerma, Campeche, para blanquear los desvíos de la Secretaría de Educación de Veracruz.
En la diligencia de ayer agregaron que Mansur adquirió el rancho Las Mesas, en Valle de Bravo, Estado de México, por la cantidad de 100 mil pesos, en su calidad de prestanombres de Javier Duarte.
Los fiscales subrayaron que existe una orden de aprehensión contra Mansur y que el prestanombres no tarda en comparecer ante la justicia.
Rodolfo Ortega López, uno de los principales testigos contra Duarte, aseguró que en 2011 el priísta le ordenó la creación de la empresa inmobiliaria Rohr, con la que adquirió la casa ubicada en Sierra Fría 715, Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, con un valor de más de 42 millones de pesos.
De igual modo, afirmó que Duarte le instruyó a adquirir un yate de lujo al que nombró Candelaria, valuado en un millón de euros y cuya compra final fue por 790 mil dólares, pactada por José N, otro de los integrantes de esa red de corrupción en Veracruz.
Ortega López debía comparecer a la audiencia que inició desde las 10 de la mañana para ser interrogado por la defensa de Javier Duarte, pero ante su inasistencia, el juez le otorgó 48 horas para justificar la falta o de lo contrario emitirá una orden de arresto en su contra.
Luego de relatar los datos de prueba que presentaron, los fiscales de la procuraduría solicitaron la vinculación a proceso del ex gobernador Javier Duarte.
“El pueblo de Veracruz y México lo exige, los daños [al erario] tienen que ser reparados.
“No hacerlo implicaría enviar el mensaje de que cualquier gobernador no puede ser sancionado por el simple hecho de que no tiene bienes a su nombre”, expresó el fiscal Pedro Guevara.
