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alberto.morales@eluniversal.com.mx
Hace un año, el 18 de julio de 2016, el presidente Enrique Peña Nieto firmó los decretos que expiden las siete leyes que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), un nuevo mecanismo —en el que participa la sociedad civil— para combatir las redes de corrupción de los servidores públicos y particulares.
El SNA fue concebido como un cambio institucional que tiene como objetivo ir en contra de los delitos que generan impunidad en el quehacer público y privado del país.
El sistema es presidido por el Comité de Participación Ciudadana (CPC) que encabeza la doctora Jacqueline Peschard Mariscal, que a su vez es una de las siete piezas que forman el Comité Coordinador del SNA, en el que participan:
Los titulares de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Arely Gómez; de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal; del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información (Inai), Francisco Acuña; el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), Carlos Chaurand.
Así como un representante del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Alfonso Pérez Daza. También el titular de la Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la República, nombramiento que está pendiente en el Senado.
La Cámara Alta también dejó sin resolver la ratificación de los 18 magistrados —tres de Sala Superior y 15 regionales— del TFJA, quienes sancionarán faltas administrativas graves.
Así las dependencias se coordinarán para realizar labores de control interno y externos. El control interno lo harán la SFP y los contralores (órganos internos de control) del país.
El Inai se dedicará a vigilar que se publique la información, mientras que la ASF hará el control externo por medio de la revisión de la cuenta pública (si hay denuncias puede hacer auditorías, investigar y fiscalizar recursos en tiempo real).
