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El tribunal no puede poner como pretexto que el Senado no ha cumplido o no ha podido con la designación del fiscal anticorrupción, el traslado de la Fiscalía General y con el nombramiento de los magistrados para no cumplir con la ley anticorrupción, afirmó el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), Juan Ángel Chávez Ramírez.
En entrevista con EL UNIVERSAL el magistrado señaló que la creación de salas anticorrupción y la habilitación de una Sala Auxiliar es hasta que se designen los magistrados especializados.
Mientras tanto, él afirma que en el tribunal están listos para actuar en el Sistema Nacional Anticorrupción.
Indicó que el organismo no podía tomar como pretexto la ausencia de magistrados especializados provocada por el Senado de la República, para incumplir con la ley.
“No podíamos nosotros tomar como pretexto que el Senado no ha cumplido o no ha podido con la designación del fiscal anticorrupción, el traslado de la Fiscalía General y con el nombramiento de los magistrados para no cumplir con la ley, afortunadamente hay mecanismos que a nosotros nos permiten prever la eventualidad de que se presenten asuntos así”, dijo.
Con la decisión de nombrar una Sala Auxiliar, “no violentamos la ley, hacemos uso de lo que ya existe, atendiendo desde luego al hecho de que estamos en una situación inédita”.
Explicó que la creación de las Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas, anunciada ayer por el TFJA, demuestra que no hay pretextos para no cumplir con lo que mandata la ley. “Ante la inminencia de la entrada en vigor del sistema completo, con las insuficiencias que existen, nosotros tenemos que cumplir con lo que establece la ley entonces tuvimos que crear las cinco salas especializadas y apelamos a nuestro propio marco jurídico y con las herramientas que tuvimos a la mano dar cumplimiento de esta manera”.
Las salas no entrarán en funciones aún, porque los magistrados que deben operarlas no han sido designados por el Senado de la República, sin embargo, el TFJA habilitó una Sala Regional en la Ciudad de México como Sala Auxiliar Anticorrupción que recibirá los asuntos que comiencen a tramitarse en el marco del SNA a partir del próximo martes.
“Nuestra solución temporal y transitoria fue crear una Sala Auxiliar en materia de Responsabilidades Administrativas con competencia en toda la República y esta situación la analizamos internamente para ver los mejores perfiles de los magistrados, para no trastornar el resto de la estructura jurisdiccional.
“Su duración será efímera, pues su temporalidad será la misma que el Senado emplee en cumplir la parte que le toca en la reforma y solamente se encargará de la instrucción de los asuntos, que se presenten las demandas, se acuerden y haya un trámite administrativo jurisdiccional [para] que, en el momento que sea preciso, se integren los magistrados de las otras salas.
El funcionario informó que a partir de que el tribunal delineó esta estrategia para dar cumplimiento a la ley, los magistrados que integran la Sala Auxiliar han recibido capacitación continua para operar en el SNA.
A pesar de ello, indicó que se requiere una explicación por parte del Senado de por qué ocurrió el atraso en el cumplimiento de su deber conforme a la reforma constitucional que creó el SNA. “El Senado, como órgano conformado por el pacto federal, tiene una composición que hace en ocasiones dificultoso el consenso o la votación requerida para asegurar que un propósito como este de contener la corrupción, que se ha convertido en un flagelo lamentable, se realice. Creo que corresponde a las fuerzas políticas que están representadas en el Senado dar la explicación de eso”.
Para el magistrado, la falta de designación de los integrantes de las Salas Anticorrupción y de la Tercera Sección de la Sala Superior del TFJA, así como la del fiscal anticorrupción es un problema de diseño legislativo. “Tal vez el problema fue de diseño, porque muchas cuestiones que se fijaron con tiempos establecidos en la ley y en sus transitorios no se ponderaron adecuadamente, pero si ponen un plazo y no lo cumplen pues ya hay una falta pero es una responsabilidad política más que jurídica”, afirmó.
